SEVILLA, 8 de diciembre.

El Partido Popular de Andalucía (PP-A) presentará el próximo jueves una propuesta en el Parlamento que busca que el Gobierno de España reconozca las iniciativas y políticas educativas implementadas por la Junta de Andalucía. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de recibir el apoyo financiero adecuado desde el Estado para asegurar un trato justo y equitativo para los ciudadanos andaluces, tal como estipula la ley.

En este sentido, el PP-A insta al Gobierno central a establecer los mecanismos necesarios que aseguren la asignación de recursos económicos suficientes. Esto es vital para garantizar la equidad entre todos los ciudadanos y para cumplir con el principio constitucional de justicia social que garantizaría la cobertura de los costes asociados a la prestación de servicios educativos.

En cuanto a las becas, se propone incluir en los acuerdos anuales entre el ministerio pertinente y la comunidad autónoma una cláusula que asegure la compensación económica adecuada para los gastos relacionados con la gestión de estas ayudas, que deberían ser proporcionales al número de solicitudes y a las responsabilidades asumidas por la Junta.

Adicionalmente, se solicita al Gobierno que realice los pagos pendientes en condiciones similares a las que reciben otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, para asegurar un trato equitativo en el ámbito educativo.

En relación con el primer ciclo de Educación Infantil, la propuesta incluye una petición de transferencia de 112 millones de euros de los fondos europeos destinados a este nivel educativo, lo que permitiría financiar la gratuidad de las plazas existentes y evitar la necesidad de devolver los fondos a la Comisión Europea.

El PP-A también ha solicitado que se destinen 22 millones de euros anuales a la formación profesional para cubrir las necesidades del modelo dual, además de asumir las cotizaciones del alumnado en prácticas, que superan los 3 millones de euros anuales. También se piden 32 millones adicionales para facilitar la integración del profesorado técnico en este ámbito.

Asimismo, reclaman la creación de un plan nacional para la renovación de infraestructuras educativas, con financiación adecuada y criterios de distribución justos entre las distintas comunidades autónomas, priorizando las zonas rurales, los barrios en situación de vulnerabilidad y los entornos con alta demanda educativa.

Finalmente, el PP-A exige que el Gobierno cumpla con su compromiso de establecer un plan de climatización para los colegios, como se anunció en 2021, dotándolo de un presupuesto suficiente para colaborar eficazmente con las comunidades autónomas. Además, piden la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación de manera presencial, considerando que este espacio debería ser un verdadero órgano de coordinación y participación, en lugar del actual sistema de comunicación mediante correos electrónicos.