En un giro significativo del debate político, el Partido Popular de Andalucía (PP-A) ha anunciado que presentará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz el próximo miércoles, buscando que la Cámara exprese su desaprobación hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La crítica se centra en lo que consideran una "actitud indolente" del ministro en la lucha contra el narcotráfico, un problema persistente en la región.

En su propuesta, el grupo popular destaca los "constantes incumplimientos de compromisos" por parte de Grande-Marlaska hacia las fuerzas de seguridad, denunciando lo que ellos ven como un abandono institucional que afecta a la moral y la eficacia de los cuerpos encargados de velar por la seguridad pública. Según el PP-A, esta situación está deteriorando la seguridad ciudadana y poniendo en riesgo la integridad de los agentes en Andalucía.

Además, el PP-A plantea que el Parlamento también demande una respuesta más activa del Gobierno de España en cuanto a la investigación sobre el asesinato reciente de dos guardias civiles en la localidad gaditana de Barbate, resaltando la falta de colaboración del Ejecutivo en este grave asunto.

La iniciativa incluye un llamado urgente al Gobierno central para que asuma un compromiso claro y firme en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan a distintos niveles, destacando la necesidad de un enfoque más sólido y coordinado que brinde el apoyo necesario a las fuerzas de seguridad.

Entre las propuestas, se destaca la necesidad de que el Ejecutivo implemente, en consenso con las fuerzas de seguridad, un plan que incluya refuerzos policiales y un marco legislativo actualizado. Este plan debería contemplar la asignación de recursos materiales y tecnológicos adecuados que permitan una respuesta efectiva en la lucha contra la delincuencia organizada.

El PP-A también está abogando por una modificación de la Ley Orgánica del Código Penal para que incluya la tipificación de delitos relacionados con el "petaqueo", es decir, las actividades de quienes almacenan gasóleo destinado a embarcaciones de alto rendimiento utilizadas en el narcotráfico. Esta solicitud responde a la demanda de jueces y agentes que piden medidas más estrictas para combatir la logística del tráfico de drogas.

Asimismo, se hace hincapié en la importancia de restaurar o crear unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico, como la OCON-Sur, que había sido desmantelada. Estos grupos deberían contar con financiación adecuada y personal permanente para hacer frente a las complejidades del delito en áreas críticas como el Campo de Gibraltar.

La situación en provincias como Almería y Sevilla, con niveles de inseguridad alarmantes, ha llevado al PP-A a solicitar acción inmediata por parte del Gobierno. En estos lugares se denuncian la falta de recursos, como helicópteros o embarcaciones modernas, y una creciente violencia por parte de grupos narcotraficantes que ponen en desventaja a las fuerzas de seguridad.

Finalmente, el PP-A insta al Parlamento a reflexionar sobre el "abandonó" que sienten los agentes ante la falta de apoyo estatal, reclamando el reconocimiento de la profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como mejoras en la equiparación salarial y condiciones de jubilación dignas.