SEVILLA, 1 Sep.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL) para su discusión en el Pleno, donde recalca la existencia del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y solicita una condena de la Cámara baja a las acciones políticas que lo facilitaron.

En el texto de la iniciativa parlamentaria del PP sobre "la condena del fraude millonario de dinero público producido en la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009", se destaca que esto se registra luego de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que en junio y julio estimaron parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos de la administración socialista en la Junta, incluyendo los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El PP busca que el Congreso de los Diputados condene y repruebe "las acciones y decisiones políticas que facilitaron y favorecieron el uso fraudulento de millones de euros públicos" a través de la eliminación de controles en la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) entre 2000 y 2009.

La PNL del PP hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a miembros del gobierno de la Junta por el caso de los ERE, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo en septiembre de 2022. Además, destaca que estas sentencias evidenciaron un sistema de pagos de ayudas sociolaborales sin control, según el PP.

Desde el Grupo Popular se hace hincapié en que el sistema permitió el uso indebido de fondos públicos, con inclusión de beneficiarios sin cumplir requisitos, continuación de pagos sin justificación, y desvío de fondos para fines ajenos a las ayudas sociolaborales.

El PP describe cómo se institucionalizó este sistema para evadir controles internos y evitar informes negativos, creando mecanismos para burlar la fiscalización necesaria de los gastos.

El relato del sistema de pagos sin control es una parte fundamental en la exposición de motivos de la PNL del PP, que también hace referencia al análisis del Tribunal Constitucional sobre recursos de amparo de altos cargos condenados en este caso.

El PP destaca que las sentencias del TC no niegan los hechos probados ni ponen en duda la existencia del sistema de gestión sin control de millones de euros públicos para fines indebidos.

El Grupo Popular argumenta que es necesario reprochar públicamente, políticamente, moralmente y éticamente este tipo de actuaciones que marcaron la gestión pública en Andalucía durante años, más allá de la cuestión de la responsabilidad penal.

En resumen, el PP justifica la presentación de la PNL recordando que el caso de los ERE existió, los fondos se utilizaron incorrectamente y los cargos del gobierno andaluz habilitaron los mecanismos que facilitaron este fraude, independientemente de la responsabilidad penal.