ALMERÍA, 8 de noviembre.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, en Almería, ha decidido llevar a juicio oral al teniente alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, quien fue expulsado de Izquierda Unida (IU), así como al secretario municipal. Ambos están acusados de un delito de revelación de secretos por parte de funcionarios públicos y de prevaricación administrativa, debido a la difusión ilegal de datos personales de concejales del PSOE en la página web del Ayuntamiento y en diversas plataformas sociales.

La Fiscalía de Almería ha presentado su solicitud de tres años de inhabilitación para ocupar cargos y empleos públicos contra los acusados, además de exigir una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios. Los concejales perjudicados han decidido, como parte de la acusación particular, solicitar la pena máxima que contempla la legislación vigente, lo que podría traducirse en condenas de hasta cuatro años de prisión.

En el auto del juez, consultado por Europa Press, se establece que se dará traslado de la información a las partes implicadas, a quienes se les requiere que depositen una fianza de 10.000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles que puedan surgir de una futura sentencia desfavorable.

Es importante recordar que el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, perteneciente al Partido Popular (PP), fue exonerado por el juez, quien no encontró pruebas que indicaran su implicación en los hechos ni indicios suficientes que sugirieran que él había ordenado la publicación de los datos personales.

La acusación del Ministerio Público señala que el concejal Álvaro Ramos habría incurrido en un delito de revelación de secretos en su calidad de autoridad, y también se señala al secretario del Ayuntamiento, responsable de la gestión de la web municipal donde se publicaron inicialmente los datos.

Según el escrito provisional al que tuvo acceso Europa Press, la fiscalía argumenta que tanto el secretario municipal como el teniente alcalde publicaron y distribuyeron información correspondiente a las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los concejales luego del 13 de junio de 2023, momento en el que se conformó la nueva corporación, y lo hicieron sabiendo que incluía datos personales de los ediles.

Esta información incluye, entre otros aspectos, las localizaciones de propiedades de los cinco concejales involucrados, matrículas de vehículos, números de cuentas bancarias, direcciones postales, números de teléfono privados y, en algunos casos, incluso nóminas de ciertos ediles socialistas.

Además, se destaca que el teniente alcalde y concejal de Obras, Servicios y Personal también tenía la responsabilidad de gestionar la página de Facebook del Ayuntamiento, donde se publicó, el 27 de junio de 2023, un enlace que dirigía directamente a la mencionada documentación.

El Ministerio Público sostiene que Álvaro Ramos llevó a cabo dicha publicación en la red social con pleno conocimiento de que incluía datos personales de los concejales, todo ello sin contar ni con el consentimiento ni con la aprobación de los mismos.