El Tribunal Constitucional absuelve a Antonio Fernández por no estar obligado a denunciar ilegalidades en el presupuesto.
La sentencia del Tribunal Constitucional ha provocado un terremoto en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, al anular la condena a siete años, once meses y un día de prisión impuesta al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández. Según el TC, Fernández no tenía la obligación de oponerse a las supuestas ilegalidades señaladas en su condena, ya que estas estaban respaldadas por el sistema de presupuestación aprobado en las leyes de presupuestos.
Esta decisión del Constitucional ha desencadenado una serie de reacciones en Sevilla, donde la Audiencia había emitido la condena inicial. La sentencia resalta la participación de Fernández en la tramitación de los presupuestos de Andalucía entre 2002 y 2009, así como en la concesión de ayudas sociolaborales a través de convenios, que según el TC, estaban respaldados por la normativa vigente.
Por otro lado, el Constitucional critica la actuación de la Audiencia y el TS al realizar un control jurídico de los actos de iniciativa legislativa del Gobierno, algo que el TC considera no les estaba vedado constitucionalmente. Además, rechaza que la ejecución de decisiones tomadas en leyes de presupuestos pueda dar lugar a una condena penal por malversación, si estas decisiones estaban amparadas en la ley.
En resumen, la decisión del Tribunal Constitucional ha abierto un nuevo capítulo en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, cuestionando las bases jurídicas de las condenas iniciales y generando incertidumbre sobre el futuro de otros implicados en este escándalo político.
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