24h Andalucía.

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El Tribunal Constitucional anula dos artículos de la Ley de Vivienda tras recurso de la Junta de Andalucía.

El Tribunal Constitucional anula dos artículos de la Ley de Vivienda tras recurso de la Junta de Andalucía.

En una decisión esperada y celebrada por muchos defensores del derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional (TC) ha respaldado la mayor parte de la ley de vivienda en cuestión tras analizar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta normativa tiene como objetivo imponer límites a la subida del precio del alquiler, en un intento por proteger a los inquilinos.

La mayoría progresista del Pleno del TC ha respaldado el recurso presentado por el Ejecutivo andaluz, declarando únicamente como inconstitucionales y nulos dos apartados de la ley: el artículo 16, que trata los principios de la vivienda protegida, y parte del artículo 19.3, que se refiere a la colaboración de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado.

Es importante destacar que los magistrados conservadores, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, han expresado su desacuerdo con la decisión de la mayoría progresista y emitirán un voto particular al respecto.

Esta resolución, que tuvo como ponente a la magistrada María Luisa Segoviano, sienta un precedente para futuras revisiones, ya que diferentes instancias, como el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid o la Generalitat de Cataluña, han recurrido también esta ley. Todos estos casos serán estudiados próximamente por el TC.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía cuestionaba varios puntos de la normativa, incluyendo disposiciones adicionales y transitorias. El Gobierno andaluz considera que la ley estatal de vivienda invade competencias autonómicas en este ámbito, por lo que optó por llevar este caso ante el Tribunal Constitucional.

La Junta de Andalucía argumentó que el Estado no tiene la potestad de legislar en materia de vivienda, y en consecuencia, decidió impugnar toda la regulación relacionada con conceptos como vivienda protegida o gran tenedor. Para la administración andaluza, esta legislación estatal interfería en sus competencias y en los derechos de propiedad.

La ley de vivienda también incluye disposiciones sobre las zonas tensionadas y los grandes tenedores, aspectos que según el Gobierno andaluz, son una intromisión directa en sus competencias exclusivas. Esta decisión del TC marca un hito en la protección del derecho a la vivienda en el contexto actual, donde la problemática del acceso a una vivienda digna es un tema urgente y prioritario.