La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de respaldar la mayor parte de la Ley de Vivienda, tras analizar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta normativa, que defiende el derecho a una vivienda digna, permite establecer límites a los aumentos abusivos en los precios de alquiler.

Para la Consejería dirigida por Rocío Díaz, el fallo del TC reconoce que el Gobierno central excedió sus competencias al intentar regular aspectos como la vivienda protegida, el parque público y los grandes tenedores, asuntos que corresponden exclusivamente a Andalucía según su Estatuto de Autonomía. En este sentido, la Junta se ha mostrado "satisfecha" con la sentencia, considerando que "protege nuestra normativa en materia de vivienda protegida y el parque público, así como su sistema sancionador".

Las fuentes de la Administración autonómica destacaron que el Tribunal Constitucional confirmó que la Ley Estatal de Vivienda invadía claramente las competencias autonómicas, impidiendo al legislador andaluz desarrollar su propio marco normativo. Asimismo, señalaron que el fallo del TC respalda la política andaluza de vivienda protegida, la cual ha demostrado ser efectiva en la reactivación del mercado.

Andalucía fue pionera en impugnar la Ley Estatal de Vivienda, calificándola de norma ideológica, intervencionista y permisiva con la okupación ilegal. El Gobierno andaluz defiende sus medidas para facilitar la construcción de viviendas a precios asequibles, como las implementadas desde 2019 y las que se esperan con la futura Ley de Vivienda Andaluza.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales solo dos apartados de la Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023. Los magistrados conservadores anunciaron un voto particular en contra del criterio mayoritario. Esta resolución establece un precedente para futuras revisiones, ya que otras comunidades autónomas y entidades han recurrido la misma ley.

El Gobierno de Andalucía presentó el recurso contra varios artículos de la ley, así como diversas disposiciones adicionales y transitorias. Según la Junta, la norma estatal invadía competencias exclusivas andaluzas en materia de vivienda. La Ley de Vivienda también impactaba en aspectos como las zonas tensionadas y los grandes tenedores, que el Ejecutivo regional considera una intromisión en sus competencias y en el derecho de propiedad.