El Tribunal Supremo confirma reducción de pena a dos violadores tras agresión a una joven en Almería.
El Tribunal Supremo ha ratificado una rebaja en la condena de dos hombres acusados de violar a una joven en Almería en octubre de 2012. La pena ha sido reducida de 12 a 7 años de prisión. La agresión sexual ocurrió después de que conocieran a la chica en una discoteca y la invitaran a una fiesta en su domicilio. La sentencia del tribunal mantiene la decisión anterior de la Audiencia Provincial de Almería, que aplicó la pena mínima posible debido a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
El Supremo argumenta que los hechos ya fueron considerados al individualizar la pena. La revisión de la condena se basa en la modificación normativa que ha reducido las sanciones para este tipo de delitos. La sala asegura que las acusaciones podrían haber recurrido las penas mínimas impuestas en su momento, pero no lo hicieron, lo que significa que esa decisión ya es firme.
La sentencia original, dictada en 2015, condenaba a los dos acusados a 12 años de prisión por violación agravada, así como al pago de una indemnización de 60.000 euros a la víctima, junto con medidas adicionales de alejamiento e incomunicación.
Los hechos sucedieron cuando la víctima conoció a uno de los acusados en una discoteca y este la invitó a una fiesta en un piso. La chica aceptó la invitación y se dirigió a la vivienda con una amiga y un amigo, pero este último no pudo entrar. Una vez en el piso, los acusados ofrecieron bebidas a la chica y, tras sentarse en un sillón, la agredieron sexualmente en distintas habitaciones. La joven logró escapar horas después y denunció los hechos a un amigo y luego a su familia, antes de ir al hospital y a una comisaría.
En conclusión, el Tribunal Supremo ha mantenido una rebaja en la pena de prisión para dos hombres condenados por violación en Almería. La decisión se basa en una modificación normativa que ha reducido las sanciones para delitos sexuales. A pesar de las críticas de la Fiscalía y la acusación particular, el tribunal sostiene que no se puede mantener una pena que excede el mínimo legalmente previsto.