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El TS rechaza apelación de Granada contra elección de A Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial.

El TS rechaza apelación de Granada contra elección de A Coruña como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial.

El Tribunal Supremo ha rechazado la apelación del Ayuntamiento de Granada contra la decisión del Consejo de Ministros de elegir a A Coruña como sede de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). Los magistrados han determinado que el Gobierno proporcionó una justificación adecuada para su elección, por lo que no se han vulnerado los derechos.

Según la sentencia, el Consejo de Ministros tiene la potestad de tomar la decisión final motivada y no se trata de un concurso en el que se otorga la sede a la ciudad con mayor puntuación. El Ayuntamiento de Granada argumentó que el informe utilizado no mostraba las valoraciones asignadas a cada candidatura, ni siquiera a las tres mejores, para calificarlas como "excelentes". Además, afirmó que no había constancia de que el informe se hubiera enviado a la comisión consultiva antes de la decisión.

Por su parte, la Abogacía del Estado afirmó que la elección de A Coruña como sede fue una decisión discrecional, pero debidamente motivada. Los servicios jurídicos indicaron que tanto el informe del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como el de la comisión consultiva no son vinculantes, pero sí elementos valiosos para la toma de decisión del Consejo de Ministros.

El Ayuntamiento de A Coruña también se opuso a la apelación de Granada y respaldó que el Gobierno proporcionó suficientes elementos de juicio para considerar su elección como una decisión ajustada a los principios de seguridad jurídica y objetividad.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que el hecho de que Granada figurara en primer lugar en el informe de valoración de las candidaturas de la comisión no implica que la recomendación final deba ser a favor de esa ciudad. Además, señaló que la coincidencia de la reunión de la comisión consultiva con el acuerdo del Consejo de Ministros no es relevante.

En conclusión, el Tribunal Supremo considera que el Gobierno motivó adecuadamente su decisión, por lo que no se ha vulnerado el principio de objetividad de la administración pública. Con esta resolución, el asunto queda cerrado tras la negativa anterior del Tribunal a suspender de forma cautelar el acuerdo del Consejo de Ministros.