En un reciente fallo que ha captado la atención de la sociedad andaluza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia emitida por la Audiencia de Jaén en mayo pasado, que condenó a un joven de 22 años a una pena de 17 años de prisión. Este individuo fue hallado culpable del asesinato de Álvaro, un porteño de 29 años, ocurrido en un pub del municipio de Peal de Becerro en julio de 2022.

Además de la condena de prisión, el tribunal ha establecido que el acusado deberá indemnizar a los padres de la víctima con 99.900 euros cada uno, así como 21.400 euros a cada uno de los dos hermanos de Álvaro y 14.200 euros a su pareja. Las cifras reflejan el impacto emocional y material resultante de esta trágica pérdida.

La sentencia también contempla medidas accesorias, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la familia de la víctima durante cinco años, así como una restricción de entrada y permanencia en Peal de Becerro durante el mismo período tras cumplir su pena de prisión. Además, se le ordena pasar un año bajo vigilancia y participar en programas de formación, lo que subraya la intención del tribunal de fomentar la reinserción social en un contexto donde la violencia no tiene cabida.

El TSJA desestimó de manera contundente el recurso presentado por la defensa, señalando que este, “más que por su inusual extensión, por su contenido”, parecía casi irreverente hacia la sala. Esta crítica pone de manifiesto la seriedad con la que el tribunal ha abordado el caso y la falta de fundamentos que ofrecía la defensa del acusado.

Asimismo, el recurso presentado por la familia de la víctima, que buscaba aumentar la condena a 20 años, fue igualmente rechazado. El TSJA argumentó que la pena de 17 años ya representaba un incremento significativo con respecto a lo que correspondería por un asesinato alevoso, indicando que no se apreciaban motivos suficientes para un aumento adicional.

El jurado, en un veredicto unánime, calificó el asesinato como un acto “sorpresivo y sin capacidad de defensa” por parte de Álvaro, evidenciando la naturaleza cruel del ataque. Este consenso refleja el sentido de justicia y la gravedad del crimen que resonó durante el juicio.

El proceso judicial se extendió a lo largo de siete días, durante los cuales se presentaron cerca de un centenar de testigos y una veintena de peritos. Curiosamente, el acusado fue el último en declarar, habiendo solicitado su defensa esa posición, lo que generó expectativas sobre su testimonio.

Entre los testimonios, se incluyeron extractos de mensajes del acusado a su pareja, en los que se confesaba haber asesinado a Álvaro esa misma noche, evidenciando una cadena de irresponsabilidad y una falta de remordimientos que profundiza el dolor de los afectados.

En un mensaje inquietante, el acusado confesó: “He matado al vecino en el pub”, al mismo tiempo que otros mensajes revelaban sus intentos de evadir la responsabilidad al mencionar su intención de huir a Sevilla. Estas revelaciones fueron determinantes en la construcción del caso en su contra.

No obstante, el acusado intentó desvincularse de los mensajes, cambiando su versión de los hechos y argumentando que no había estado presente en el local debido a su estado de embriaguez. Este intento de excusarse fue meticulosamente desafiado por la evidencia presentada en el juicio.

Las conclusiones forenses corroboraron que la única herida infligida a la víctima fue mortal, publicando que el ataque fue frontal y sin que Álvaro pudiera defenderse, lo que alimenta aún más la narrativa de un acto violento y cobarde.

En medio del juicio, un primo del acusado admitió haber golpeado a la víctima con un altavoz, acordando una sanción leve dada su juventud. Este joven testificó revelando que incluso le instaron a asumir la culpa por razones equitativas en su familia, reflejando presiones inaceptables que solo complican aún más la situación.

El testigo también declaró que vio el arma con la que se cometió el crimen, pero no supo su paradero, lo que subraya no solo la falta de responsabilidad del acusado, sino un posible intento de ocultación en el caos posterior al asesinato.

Este trágico acontecimiento data del 17 de julio de 2022, cuando la vida de Álvaro se extinguió a causa de una puñalada en el tórax. Tras su muerte, la comunidad de Peal de Becerro se movilizó en una manifestación pacífica con cerca de 2.000 personas que clamaban justicia, mostrando la unión de un pueblo frente a la violencia.

Sin embargo, la calma se vio quebrada cuando algunos manifestantes dirigieron su ira hacia familias de etnia gitana en la localidad, causándoles daños y generando un clima de temor e inseguridad entre su comunidad. Este desenlace refleja un fenómeno preocupante que va más allá del crimen individual, tocando las fibras sensibles de la coexistencia social.

Las organizaciones, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali, y la Sociedad Gitana Española han denunciado esta reacción desmedida y la huida de familias gitanas por temor, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar no solo la violencia, sino también el racismo y la xenofobia que aún imperan en nuestras sociedades.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto investigaciones en respuesta a estos incidentes, así como el Defensor del Pueblo de España, que busca asegurar que las voces de las comunidades marginadas sean escuchadas y sus derechos protegidos.

Más recientemente, en septiembre de 2022, Peal de Becerro volvió a unirse en una concentración que, a diferencia de la anterior, se desarrolló sin incidentes, mostrando la necesidad de buscar justicia de una manera que respete la paz y la convivencia entre todos los ciudadanos.