La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto este lunes, a través de un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio relacionado con los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias financiadas por la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas. En específico, se ha juzgado el caso de las subvenciones otorgadas a la empresa Elaborados Cárnicos Andaluces. El empresario Manuel M.B., único acusado en esta causa, ha aceptado su culpabilidad y ha sido sentenciado a varias penas, entre ellas el pago de dos millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
La acusación ha solicitado tres años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. Además, se le ha impuesto la obligación de pagar dos millones de euros como responsabilidad civil.
Tras aceptar estas penas, la defensa del acusado ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, con la condición de que no cometa más delitos. Sin embargo, la Fiscalía ha requerido que esta petición sea considerada en la fase de ejecución de la sentencia, una vez que el acusado demuestre su capacidad económica para pagar la responsabilidad civil impuesta, dada su cuantía considerable.
La fiscal del caso ha enfatizado la necesidad de que el acusado demuestre su capacidad económica para hacer frente a la responsabilidad civil, antes de que se tome una decisión sobre la suspensión o no de la pena de cárcel. Como resultado, el tribunal ha pospuesto su decisión hasta la fase de ejecución de la sentencia. El futuro de la suspensión de la pena de cárcel estará determinado por la capacidad del acusado para pagar los dos millones de euros de responsabilidad civil.
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