SEVILLA, 6 de noviembre.

Este jueves comenzará un juicio de gran relevancia en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, donde se enfrentan a la justicia Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, junto con un ex sindicalista de CCOO. Ambos están acusados de posibles delitos de prevaricación y malversación en relación con la asignación de más de 9,76 millones de euros, que fueron concedidos por la Junta de Andalucía sin seguir el "procedimiento legal" adecuado, encaminados a pólizas de seguro de rentas para trabajadores de la empresa Fertiberia, implicados en expedientes de regulación de empleo (ERE) realizados por esta entidad.

La acusación fiscal ofrece un relato minucioso de un ERE implementado en 2003 por Fertiberia, que buscó la extinción de 166 puestos de trabajo. La Fiscalía argumenta que, aunque la empresa no requirió asistencia directa, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, junto con la entonces Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), le otorgaron más de 2,26 millones de euros en ayuda sociolaboral, apegándose a la situación de 14 extrabajadores prejubilados debido a la terminación de su relación laboral.

La Fiscalía pone especial énfasis en el caso de 12 trabajadores de Fertiberia, quienes, tras aceptar un traslado a otros centros de trabajo, solicitaron posteriormente, asesorados por sus representantes sindicales, la baja incentivada, lo que culminó en el fin de su relación laboral entre marzo y mayo de 2004. Estos trabajadores recibieron incentivos tanto por su traslado como por la baja incentivada, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

Estos 12 empleados, según se detalla en la acusación, se dirigieron colectivamente y de forma individual al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, quien falleció en octubre de 2020. Guerrero había sido previamente condenado por prevaricación y malversación en el marco de un caso relevante relacionado con la financiación de los ERE, lo que añade un peso considerable a la acusación actual, que también menciona al delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

En la misiva enviada, los trabajadores solicitaban colaboración ante la situación que enfrentaban, con la intención de acceder a ayudas sociales y comprometiéndose a devolver el cheque correspondiente a la indemnización por despido. Para la Fiscalía, esta dinámica implicó la creación de un método ilícito que permitió que estos empleados lograran su baja incentivada y, a su vez, la inclusión en las pólizas de seguro de rentas de jubilación, lo que facilitó el pago ilegal de las ayudas otorgadas.

El papel del acusado J.A.F.G., quien en ese momento era secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, es igualmente destacado. Se le describe como conocedor de la ilicitud de las subvenciones y de la irregularidad en el manejo administrativo por parte de los funcionarios que otorgaban las ayudas.

La acusación sostiene que los trabajadores mencionados, junto a J.A.F.G., llevaron a cabo un procedimiento que les permitió conseguir prejubilaciones a las que no tenían derecho, evadiendo cualquier disciplina administrativa. Este sindicalista se encargó de gestionar la inclusión de los trabajadores como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación de Fertiberia, tras recibir el apoyo de la mediadora Vitalia Vida y el ex directivo Antonio Albarracín.

En octubre de 2004, con la firma del entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, se formalizó un documento para abonar 812.049 euros destinado a cubrir la póliza de los 12 extrabajadores de Fertiberia. Posteriormente, el directivo de Vitalia, según se alega en la causa, participó en la elaboración de estas pólizas sabiendo que el sistema de concesión de las ayudas era ilegal, aprovechándose de su vinculación con funcionarios de la Dirección General de Trabajo.

Ese mismo mes se formalizaron las pólizas de seguro de rentas del ERE de Fertiberia de 2003, con un total de 2,1 millones de euros. De esta suma, más de 540.000 euros debían ser cubiertos por los trabajadores, coincidiendo con el monto de sus indemnizaciones, mientras que el resto sería asumido por la Junta, que tendría que afrontar una deuda que ascendería hasta los 1,947 millones de euros. En 2008, se sumarían dos pólizas más para otros dos trabajadores afectados, que totalizarían 317.735 euros.

En 2009, Fertiberia impulsó un nuevo ERE que afectó a 223 empleados, proyectando que el coste de los despidos alcanzaría los 16 millones de euros, con la Junta comprometida a cubrir el 50% de esa cantidad. De acuerdo con la Fiscalía, la Junta entregó a Fertiberia ayudas que sumaban más de 9,76 millones de euros, que incluían 1,947 millones para los 12 trabajadores del ERE de 2003, 317.735 euros para otros dos extrabajadores, y 7,5 millones para el seguro de rentas de 159 trabajadores del ERE de 2009, de cuyo pago, según se informa, no se tiene constancia alguna.

La Fiscalía sostiene que el verdadero objetivo de estas subvenciones era financiar el costo de las indemnizaciones por despido colectivo consensuadas entre la empresa y los trabajadores. Sin embargo, se hace alusión a la falta de análisis económicos por parte de la Junta sobre la legalidad de estas ayudas y se denuncia que el proceso de tramitación prescindió totalmente del procedimiento legal que debería haberse seguido. Esto ha llevado a que, en opinión de la Fiscalía, se agrede a la legalidad, resultando en una causa de nulidad de pleno derecho, ya que no existió fiscalización ni seguimiento del dinero asignado.

La acusación califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación respecto al ex sindicalista de CCOO y el ex directivo de Vitalia, mientras que al ex director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, se le imputa el mismo tipo de delitos, pero sin el carácter continuado. En este contexto, se solicitan penas de siete años de prisión, además de inhabilitación, para los dos primeros acusados, y cinco años de cárcel y 12 años de inhabilitación absoluta para Rivera.

Es relevante recordar que la abogada defensora de Rivera expresó su preocupación en un juicio anterior relacionado con una pieza separada de los ERE, al señalar que su cliente enfrenta acusaciones en alrededor de 50 piezas separadas en relación con estas ayudas, donde se han solicitado penas que rondan los seis años de prisión por acusaciones que, en total, podrían sumar cerca de 300 años de condena.