24h Andalucía.

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Espadas solicita a Moreno que respete la investigación judicial sobre el abuso en las contrataciones del SAS.

Espadas solicita a Moreno que respete la investigación judicial sobre el abuso en las contrataciones del SAS.

En un contexto de creciente tensión política en Andalucía, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha alzado la voz este jueves para exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que actúe con "rigor" y muestre "respeto al poder judicial". Sus declaraciones se producen en medio de la investigación en curso sobre el presunto abuso en la contratación de emergencia realizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

A través de un mensaje publicado en la red social X, Espadas cuestionó la lógica detrás de las acciones de Moreno, quien ha buscado asesoría de "otros jueces" en un asunto que ya está bajo el escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción. "¿Alguien puede entender que hable con otros jueces sobre un caso que ya está siendo investigado?", se preguntó, subrayando el tono casual con el que el presidente ha abordado el tema en entrevistas mediáticas.

Espadas hizo hincapié en que el principio de respeto al poder judicial implica no solo abstenerse de consultar a otros jueces sobre un caso en investigación, sino también colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos. "No nos tome por tontos", exhortó, dejando claro que la legitimidad de las instituciones democráticas debe ser prioritaria en la gestión pública.

El líder socialista no se detuvo ahí y planteó una inquietante pregunta a Moreno: "¿Es consciente de que puede haber inducido a esos jueces o magistrados a vulnerar la Ley Orgánica del Poder Judicial con una infracción muy grave?" Esta afirmación pone de relieve la gravedad de las implicaciones legales que el caso podría acarrear si se determinan irregularidades.

En un tono más crítico, Espadas también se refirió a la necesidad de que el presidente explique por qué ha decidido destituir a altos cargos de la Consejería de Salud, que enfrentan supuestas irregularidades. "300 millones a dedo durante dos años, a pesar de informes en contra de los interventores, requieren una justificación más sólida que simplemente tildarlo de denuncia política", advirtió, sugiriendo que las respuestas del Gobierno deben ser más contundentes ante la ciudadanía.