Exdirectora de Cetursa podría ser encarcelada por presuntas irregularidades salariales.
En una decisión esperada por la opinión pública, la Audiencia de Granada ha fijado la fecha del juicio para la primavera del próximo año contra la exconsejera delegada de Cetursa, María José López, quien está acusada de presuntas irregularidades en el cobro de cantidades indebidas en sus nóminas pagadas con fondos públicos durante su gestión en la empresa pública que administra la estación de esquí de Sierra Nevada.
El juicio se llevará a cabo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial los días 31 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril de 2025, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press. Además de López, también se sentará en el banquillo el exdirector de finanzas, ambos enfrentándose a posibles penas de prisión.
La Fiscalía los acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, solicitando nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como de otros dos delitos de falsedad de documento público cometida por funcionario, para los cuales piden una pena de más de siete años de cárcel y multa, según informaron fuentes cercanas al caso a Europa Press.
María José López ya había declarado ante el juzgado por este asunto en febrero de 2020, defendiendo su gestión y negando cualquier irregularidad en el cobro de nóminas en Cetursa. Hizo hincapié en que las cuentas de la entidad están auditadas externamente, además de por la Intervención.
De manera paralela a este proceso judicial, hay otro en el Tribunal de Cuentas, que en mayo del año pasado condenó a López a devolver más de 58.512 euros a la Junta de Andalucía por el menoscabo de fondos públicos en Cetursa debido a pagos "indebidos o carentes de justificación" realizados a ciertos trabajadores en 2015.
El Tribunal de Cuentas determinó que María José López, al menos, incurrió en negligencia grave en la gestión de los fondos públicos encomendados, permitiendo los pagos ya mencionados. Esta resolución sugiere una gestión inapropiada de los recursos financieros de la empresa pública, desencadenando consecuencias legales para la exconsejera delegada.