En Sevilla, 1.300 algodoneros andaluces, de un total de 6.000 posiblemente afectados, han unido fuerzas para presentar una demanda conjunta contra las desmotadoras involucradas en un pacto de precios a la baja entre 2004 y 2012, según informó Redi Abogados a Europa Press.

En 2011, se presentó una denuncia contra varias desmotadoras andaluzas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas anticompetitivas relacionadas con la fijación de precios del algodón para los productores.

Después de un proceso que incluyó recursos y llegó al Tribunal Supremo en 2019, las desmotadoras fueron multadas con 400.000 euros por infringir la Ley de Defensa de la Competencia.

La resolución favorable abrió la posibilidad para que los algodoneros reclamen el dinero no percibido debido a estas prácticas ilegales, lo que llevó a la formación de una demanda conjunta liderada por Redi Abogados, un despacho especializado en cárteles con sede en Barcelona.

Hasta el momento, 1.273 agricultores se han unido a esta demanda grupal, representando un éxito de participación en comparación con los 6.000 potencialmente afectados, según destacó Albert Poch, abogado del bufete.

Para Poch, el siguiente paso crucial es enviar un burofax para interrumpir la prescripción y así permitir a los agricultores reclamar los daños causados por la práctica anticompetitiva.

El abogado subrayó la importancia de la acción colectiva frente a las individuales, especialmente en términos de costos para la obtención de dictámenes periciales que respalden las reclamaciones de daños.

Si bien el proceso puede ser largo y eventualmente llegar a durar entre ocho y diez años, un fallo favorable en primera instancia daría a los agricultores el derecho a recibir la compensación, incluso si se presentan recursos posteriores.