Exlíder de Diputación de Almería comparecerá ante el juez por el caso 'Mascarillas' el 26 de junio.

ALMERÍA, 30 de marzo. En un giro inesperado, Javier Aureliano García, exlíder de la Diputación de Almería, deberá comparecer como investigado el próximo 26 de junio en el marco del caso 'Mascarillas', que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos. Este escándalo señala una supuesta red de corrupción relacionada con la adjudicación de obras y servicios a empresas cómplices.

Fuentes del sistema judicial confirmaron a Europa Press que el juez Manuel Rey Bellot ha diseñado un calendario de interrogatorios que comenzará el 28 de mayo. Este plan se basa en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la implicación de hasta 43 individuos en esta posible trama de corrupción.

García, quien también fue presidente del Partido Popular en Almería, será el último en declarar, junto a sus hermanos Juan Carlos G.M. y María Rosario G.M., quienes, al igual que su empresa familiar, son sospechosos de colaborar en la posible malversación de fondos públicos. Estos recursos habrían sido desviados hacia propiedades privadas del expresidente y otros gastos personales.

El primer llamado a declarar será el expresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, así como el empresario Kilian L.S., quienes están bajo la mira por la compra de material sanitario por dos millones de euros en el pico de la pandemia, con un presunto soborno de 900.000 euros incluido en el contrato.

Una semana más tarde, el exvicepresidente Fernando Giménez, que fue investigado desde el inicio pero arrestado solo en noviembre de 2025, también comparecerá. Giménez, Liria y García formaban un grupo de Whatsapp llamado 'Naranjito', según la investigación, donde habrían utilizado un lenguaje en clave relacionado con el sector dental para discutir comisiones sospechosas.

Después del interrogatorio a García, el juez continuaría convocando al círculo cercano de Liria, iniciando así una segunda fase de testimonios. Para el 5 de junio, se citará a su hermano y a varios empresarios. Más adelante, el 11 de junio, se escuchará la declaración del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, quien, junto a su hijo, también está implicado en las contrataciones realizadas con la Diputación a través de su empresa.

Los interrogatorios a empresarios relacionados con la red seguirán durante el mes, incluyendo al concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, y otros funcionarios públicos como la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos, Marta Sánchez de Puerta, así como el alcalde de Tíjola, Juan José Martínez, quien declarará al final de la serie de testimonios.

El juez ha decidido avanzar con las declaraciones mientras espera la resolución de recursos para agregar otros siete investigados a las citaciones. Esto implica que todos los 43 implicados en el informe de la UCO serán interrogados, incluyendo a 33 empresarios y empleados de unas 25 empresas, además de un grupo de 10 funcionarios públicos y familiares.

En este proceso, se están analizando los datos extraídos de los teléfonos móviles de los investigados, y se contempla la posibilidad de llamar a nuevos testigos en el futuro. La UCO ha sido solicitada para ofrecer una breve descripción de los acusados, con el fin de clarificar sus roles y cualquier posible delito atribuido a ellos.

La investigación se divide en tres áreas fundamentales: la adquisición aparentemente fraudulenta de material sanitario durante la pandemia, las supuestas mordidas en contratos de obras de la Diputación, y los sistemas ilícitos de flujo de dinero asociados a los implicados, especialmente a García como figura principal.

Las pruebas indican que Liria podría haber actuado como intermediario en el cobro de comisiones, recibiendo los fondos y distribuyendo los pagos a los funcionarios involucrados, incrementando así el alcance del caso y la gravitación de las acusaciones.