SEVILLA, 9 de enero.

La familia de Sandra Peña, una joven de Sevilla que supuestamente se quitó la vida en octubre tras ser víctima de acoso escolar, ha iniciado acciones legales contra el colegio Irlandesas Loreto y su personal docente. La querella presentada señala la posible implicación de estos educadores en el trágico desenlace que ocurrió el 14 de octubre.

Isaac Villar, tío de Sandra, ha compartido con Europa Press que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía sugiere una "falta" de actuación por parte del colegio en respuesta a las denuncias de acoso que sufría la menor. Él asegura que hay pruebas que apuntan a que los docentes no cumplieron con los protocolos necesarios para abordar este tipo de situaciones.

La querella alega delitos graves, incluyendo homicidio, lesiones psicológicas y trato degradante, fundamentando que quienes estaban a cargo de Sandra no solo ignoraron su sufrimiento, sino que también podrían haber contribuido a su trágico desenlace.

En declaraciones recientes, Villar había anticipado que había "motivos más que suficientes" para proceder concretamente con la querella, enfatizando que los protocolos de actuación debieron haberse activado tras recibir informes psicológicos sobre la situación de Sandra. "No se hizo nada", agregó con preocupación.

En lo que respecta a la investigación administrativa abierta por la Junta de Andalucía, Villar ha insistido en la prioridad de reunirse con la consejera de Educación, Carmen Castillo. Fueron citados a principios de enero para discutir el avance de este proceso y su impacto en la situación actual de la familia.

El portavoz familiar ha expresado que es crucial que se impongan sanciones efectivas y ejemplares, advirtiendo que, de no tomarse medidas adecuadas, el acoso escolar podría seguir repitiéndose. "Nada devolverá lo que hemos perdido, pero es esencial que hagamos un llamado a la acción para prevenir futuros casos de este tipo", subrayó.

La Fiscalía continúa investigando las circunstancias que rodean el presunto suicidio de Sandra. Se están llevando a cabo dos expedientes: uno enfocado en la posible implicación de otras menores en el acoso y otro dedicado a evaluar la responsabilidad de los educadores del colegio.

Desde la dirección del colegio privado concertado, se ha pedido a la comunidad que mantenga la "cautela y la responsabilidad" mientras avanzan tanto la investigación policial como las judiciales y administrativas. Este caso ha resonado profundamente en la sociedad española, movilizando a miles de estudiantes que con el apoyo del Sindicato de Estudiantes se manifestaron en varias ciudades del país para exigir un cese del acoso escolar en el marco de una huelga estudiantil.