GRANADA, 27 de diciembre.

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres individuos en Granada: dos hombres de 38 y 23 años, así como una mujer de 57, todos de nacionalidad marroquí. Estos detenidos están acusados de orquestar un plan para simular situaciones de desamparo relacionadas con tres menores extranjeros que son sus familiares. El objetivo detrás de esta maniobra era obtener de manera ilícita la tutela de estos menores por parte de la Administración, lo que les permitiría beneficiarse de permisos de residencia y trabajo, así como abrir la posibilidad de reagrupación familiar en el futuro.

Según detalla un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía difundido este viernes, aunque los casos investigados son independientes entre sí, todos compartían un mismo modus operandi. Los detenidos incluyen a la madre de uno de los menores, al tío de otro y al excuñado del tercero. Además, en relación con este último caso, se han arrestado a sus padres y una prima en Huelva, así como a una hermana en Barcelona.

El primer incidente tuvo lugar en agosto, cuando un joven extranjero se presentó en la Comisaría Provincial de Granada, acompañado de un adulto, también marroquí con residencia legal en España. Este adulto solicitó que los agentes asumieran la custodia del menor, alegando haberlo encontrado solo y deambulando por la calle. El menor, que contaba con 17 años, aseguró que había llegado ese mismo día a España, oculto en el fondo de un camión, con el deseo de ser ingresado en un centro de menores en las cercanías de la Alhambra.

Días después, otro menor de la misma edad y origen se presentó en la comisaría junto a un adulto que resultó ser su tío. Este también afirmó haber encontrado al menor solo en la calle y expresó que quería que fuera ingresado en el mismo centro. El joven repitió la historia de haber llegado escondido en un camión.

El tercer incidente se produjo a principios de octubre, cuando otro joven de 17 años y también de nacionalidad marroquí llegó a la comisaría acompañado por un adulto que resultó ser el exnovio de su hermana. Este adulto, en un primer momento, negó conocer al menor, pero luego indicó que había sido abordado por él en un bar local, explicándole que deseaba que la policía lo trasladara al mencionado Centro de Menores de la Junta de Andalucía en Granada.

Las indagaciones realizadas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Fronteras revelaron patrones similares en las tres situaciones. Los investigadores descubrieron que los menores, en realidad, habían llegado a España acompañados por uno o ambos progenitores, quienes habían obtenido visados de turista para ello.

Las familias de los menores permanecieron varias semanas en el país, pero no se había presentado denuncia alguna sobre la desaparición o la fuga de sus hijos. Otro de los hallazgos relevantes fue que todos los menores tenían la misma edad, 17 años, y provenían de entornos socioeconómicos relativamente acomodados, ya que sus padres contaban con empleos que les permitían viajar como turistas a España y a otros países de la Unión Europea.

Los indicios recabados por los agentes apuntan a la posible complicidad de los progenitores y otros familiares en la simulación del presunto abandono de los menores, así como en la creación de una supuesta situación de desamparo en España. Dicha situación permitiría a las autoridades andaluzas asumir la tutela de los menores y, de forma subsiguiente, facilitar la obtención de derechos de residencia y trabajo, así como la eventual reagrupación familiar.

Una vez concluida la investigación, la Policía Nacional procedió a la detención de los presuntos responsables, acusados de delitos de abandono de menores y favorecimiento de la inmigración ilegal, concretamente, la madre del primer menor, el tío del segundo y el excuñado del tercer caso. En el caso de este último, también se detuvo a sus padres y una prima en Huelva, así como a una hermana en Barcelona. En algunos de estos casos, la autoridad judicial ha determinado que los progenitores retomen la custodia de los menores, poniendo fin a la situación de tutela o acogimiento por parte de la entidad pública responsable de menores.