En la jornada de hoy, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una contundente advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que es necesario dejar de perdonar los actos de corrupción cometidos por personas allegadas, ya que la inseguridad jurídica resulta ser sumamente perjudicial para la sociedad.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante el discurso de clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), en la cual Feijóo hizo hincapié en la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente el delito de malversación en el caso del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dentro del escándalo conocido como 'caso ERE'.

Feijóo ha insistido en la importancia de no seguir perdonando los actos de corrupción de amigos cercanos, debido a que la inseguridad jurídica puede tener consecuencias fatales para un país. De igual forma, ha alertado sobre el impacto negativo que podría tener para la economía de España el perder la perspectiva de la seguridad jurídica, en especial cuando se llega a la presidencia del Gobierno a través de amnistías otorgadas a votantes cercanos.

En la próxima sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, programada para el 2 de julio, se discutirá un borrador de sentencia que sugiere exonerar el delito de malversación que llevó a la condena de la exconsejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en el marco del caso de los ERE. Esto podría abrir la puerta a la posibilidad de perdonar también el delito de malversación por el cual fue condenado Griñán en el mismo caso.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha manifestado su preocupación este martes por los cambios que se han producido en el Tribunal Constitucional durante el mandato de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Gamarra denuncia que se está llevando a cabo una revisión de sentencias, como en el caso de los ERE, que se traduce en la concesión de indultos de manera discrecional y la eliminación de responsabilidades penales, lo cual considera un acto sumamente peligroso que socava la credibilidad de este órgano.