En Sevilla el día 22 de octubre, la plantilla de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía ha salido a las calles para exigir una revisión y actualización de los complementos específicos, los cuales llevan congelados 22 años. Además, piden un espacio de diálogo con la Administración autonómica para que escuchen sus demandas y tomen medidas concretas que corrijan la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Este mensaje está plasmado en un manifiesto consensuado por las centrales sindicales que han organizado concentraciones en las ocho capitales andaluzas de provincia, entre ellas CSIF, SAF, ISA, UGT y CCOO.

En distintas ciudades andaluzas, como Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, se han congregado decenas de funcionarios a las puertas de las respectivas Delegaciones del Gobierno de la Junta. Este movimiento ha sido motivado por la pérdida del 16% de poder adquisitivo del personal funcionario de Administración General entre 2010 y 2024, a pesar de las subidas salariales derivadas de los Presupuestos Generales del Estado en años anteriores. Actualmente, los funcionarios auxiliares cobran el Salario Mínimo Interprofesional y el resto de funcionarios de todas las categorías están por debajo de la media de otras administraciones.

Según los sindicatos convocantes, el colectivo de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía tiene unas de las retribuciones más bajas de España en todos los conceptos. Mientras otros sectores han recibido subidas retributivas en el último año, el sector de la Administración General ha sido excluido de estos aumentos, lo que ha generado un sentimiento de abandono por parte del Gobierno de Juanma Moreno, que se niega a negociar la actualización de los complementos específicos en las Mesas Sectoriales.

El presidente del sector de AGJA de CSIF Andalucía, José Manuel Dorado, ha denunciado los recortes abusivos que sufren estos profesionales. Dorado enfatiza la necesidad de ajustar los salarios a la realidad del coste de vida actual, reconociendo el esfuerzo y compromiso diario del colectivo de funcionarios en el servicio público con una remuneración justa y adecuada a su dedicación y profesionalidad.