En una reciente sesión del Consejo de Ministros, celebrada el pasado martes, se ha dado luz verde a la licitación de un contrato que permitirá al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo la conservación y explotación de las carreteras estatales en la provincia de Cádiz. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto proyectado de 33,7 millones de euros (sin incluir IVA), se enfocará especialmente en las vías que conectan con la capital gaditana a través de sus dos emblemáticos puentes. La duración del contrato está estipulada en tres años, con la posibilidad de extenderlo hasta un máximo de dos años adicionales, y una opción de prórroga corta de hasta nueve meses.

En un comunicado, el Ministerio ha resaltado que este contrato no solo se centra en el mantenimiento de infraestructuras, sino que también incorpora importantes mandatos en cuanto a la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes. Estas acciones forman parte de la estrategia del Ministerio para garantizar condiciones de circulación seguras y adecuadas a lo largo de la Red de Carreteras del Estado (RCE), con un compromiso claro de hacer estas vías accesibles para todos los ciudadanos. Las medidas incluyen la monitorización de accidentes, el mantenimiento de la vialidad durante el invierno, y el cuidado de túneles y sistemas de comunicación.

El contrato abarcará un total de 12,5 kilómetros de carreteras en el sector número 03 de Cádiz, de los cuales alrededor de nueve corresponden a autovías. En concreto, se atenderán la CA-35, que abarca 7 kilómetros e incluye el Puente de la Constitución de 1812, y la CA-36, cuya longitud es de 5,5 kilómetros e incluye el Puente de Carranza.

Además, se ha informado que el contrato contempla también la rehabilitación superficial del pavimento en el tramo de la carretera CA-35 que va del kilómetro 0 al 1,900, que abarca ambas calzadas del Puente de la Constitución de 1812.

Finalmente, el Ministerio ha destacado que como parte de su enfoque hacia la sostenibilidad, los pliegos de licitación para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluirán metas específicas para mitigar y compensar la huella de carbono generada durante la ejecución del contrato. Esto obligará a las empresas licitadoras a presentar un informe detallado sobre la huella de carbono estimada que producirá cada tramo de la carretera durante su intervención.