Gobierno y Junta se acercan a un acuerdo para fortalecer la protección contra la adicción al juego

Gobierno y Junta se acercan a un acuerdo para fortalecer la protección contra la adicción al juego

La Junta de Andalucía y el Gobierno central trabajarán juntos para mejorar las medidas de protección y prevención contra la adicción al juego. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, responsable de las competencias en materia de Juego, y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están finalizando la firma de un convenio que facilitará el intercambio de información entre los registros estatal y autonómico de prohibiciones de acceso al juego. El objetivo es fortalecer las medidas de prevención y protección contra la ludopatía.

Según el comunicado de prensa, los registros de prohibiciones de acceso al juego son herramientas diseñadas para recopilar la información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar la prohibición de acceso a establecimientos y actividades de juego como medida de protección contra la adicción de la ludopatía.

La inscripción en un registro de prohibidos impide que el inscrito pueda acceder a aquellos establecimientos en los cuales la administración pública determine la necesidad de identificar previamente al jugador. En estos registros se inscriben voluntariamente las personas que lo solicitan, así como aquellas instadas por el propio establecimiento o las personas incapacitadas por una sentencia judicial firme.

El convenio, que será firmado por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, tiene como objetivo establecer un mecanismo de colaboración entre los registros de prohibiciones de acceso al juego, tanto a nivel estatal como en Andalucía. Esto permitirá el reconocimiento mutuo de las inscripciones realizadas en cada uno de ellos, asegurando así un "modelo de protección óptimo" para los usuarios.

Esta colaboración proporcionará herramientas suficientes y eficaces para evitar la participación en juegos en línea o impedir el acceso a establecimientos de juego fuera de Andalucía que requieran la identificación de los participantes. Además, funcionará en sentido contrario, es decir, las personas registradas en el Registro General de Prohibiciones de Acceso al Juego (Rgiaj) estatal no podrán acceder a los establecimientos de este tipo en Andalucía.

El convenio, que tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables, se deriva del acuerdo del Consejo de Políticas del Juego, un órgano de cooperación y coordinación entre la administración central y las comunidades autónomas en materia de juego. Este acuerdo, firmado el 14 de julio de 2021, busca fortalecer la cooperación entre los registros de prohibiciones estatal y autonómicos, basándose en la "interconexión de los registros de prohibidos de todos los actores públicos involucrados en la regulación y supervisión de las actividades de juego y en la protección de los grupos vulnerables".

La firma del convenio implica el reconocimiento mutuo de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones realizadas por las autoridades del juego que decidan adherirse, y permite la transferencia de las inscripciones existentes en los registros autonómicos al Registro General de Prohibiciones de Acceso al Juego (Rgiaj) y viceversa.

Los datos de las personas inscritas en los registros de prohibidos serán tratados de acuerdo con la legislación nacional y europea sobre protección de datos. Las partes firmantes se comprometen a mantener la confidencialidad de los datos suministrados y a tomar las medidas necesarias para protegerlos.

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