En Granada, la Fiscalía ha alertado sobre la proliferación de plantaciones de marihuana en viviendas cedidas por entidades públicas a personas que no residen en ellas, lo que dificulta la identificación de los responsables, a menos que se haya realizado alguna vigilancia previa o sean sorprendidos in fraganti.
Estas viviendas son utilizadas por organizaciones criminales, mayormente compuestas por miembros de una misma familia, quienes se aprovechan de la garantía de seguridad y la dificultad de acceso para las fuerzas de seguridad.
Por tanto, se espera que las Administraciones Públicas ejerzan un mayor control sobre el uso de viviendas sociales cedidas a terceros.
Estas declaraciones se desprenden de la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que se resalta la problemática que representa el cultivo de marihuana en interiores y los enganches ilegales para la sociedad en general.
El tráfico de marihuana se presenta como el principal problema criminal en Granada, requiriendo la mayor asignación de recursos por parte de la Fiscalía debido al considerable número de casos.
La labor de las fuerzas de seguridad ha sido fundamental en la detección de estas actividades ilícitas, con un significativo número de operaciones en toda la provincia.
Actualmente, hay una controversia legal en torno al cannabis, dado que algunos órganos judiciales no consideran las hojas de la planta como una sustancia fiscalizada, lo que ha llevado a la Fiscalía a interponer un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.
En cuanto al blanqueo de dinero, la Fiscalía hace hincapié en la necesidad de reforzar la labor policial y judicial para perseguir los beneficios económicos obtenidos del tráfico de drogas, que suelen destinarse a la compra de bienes de lujo.
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