HUELVA, 23 de diciembre.

En la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Huelva correspondiente al mes de diciembre, se llevó a cabo una importante votación donde el Gobierno municipal, respaldado por el Partido Popular (PP) y Vox, aprobó una moción que exige al Gobierno central que "especifique plazos y presupuestos" para la llegada del AVE a la capital onubense. Mientras tanto, el PSOE y el Grupo Mixto expresaron su desacuerdo y votaron en contra de esta iniciativa.

La moción presentada por el PP también hace un llamado a los diputados nacionales que representan a la provincia para que "rechacen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no incluyan las partidas necesarias" para asegurar la llegada de la alta velocidad hasta Huelva, según informa una nota emitida por el propio Ayuntamiento.

Adicionalmente, el consistorio solicita al gobierno de Pedro Sánchez que participe en el grupo de trabajo creado durante la última cumbre de alcaldes celebrada en Faro, donde la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, se reunió con sus homólogos de Faro y Sevilla, Rogerio Bacalhau y José Luis Sanz, respectivamente.

Felipe Arias, portavoz del equipo de gobierno, recalca que la llegada del AVE a Huelva representa "una demanda justa e irrenunciable" desde la perspectiva de los onubenses. Esta necesidad ha sido subrayada como una reivindicación crucial para solventar la histórica deuda en términos de infraestructuras ferroviarias que afecta tanto a la ciudad como a la provincia, y se considera esencial para el desarrollo futuro de la región.

Por ese motivo, Arias ha indicado que el Ayuntamiento ha lanzado "un programa constante de movilizaciones, acciones y gestiones", además de establecer alianzas con diversos sectores de la sociedad civil, del ámbito económico y administrativo, e incluso a nivel internacional, para tratar de cambiar los planes del Gobierno en relación al AVE.

"Todo este esfuerzo se mueve por el interés común de todos los onubenses, para atender a una demanda legítima de nuestra ciudad. Huelva desea el AVE, lo necesita y tiene derecho a disfrutarlo, igual que otras ciudades españolas que ya cuentan con este servicio o que tienen su llegada prevista", añadió el portavoz.

Arias también mencionó que una "realidad incuestionable" es el crecimiento de Huelva bajo la alcaldía de Pilar Miranda. "El crecimiento en inversiones, empleo, población y oportunidades es evidente, pero para maximizar ese avance es imprescindible mejorar las infraestructuras, y esto pasa indudablemente por la llegada del AVE", argumentó, añadiendo que "el compromiso del Ayuntamiento es total, y necesitamos que ese mismo compromiso sea palpable por parte del Gobierno de España”. Para ello, reiteran la necesidad de que el Gobierno "defina sus planes con presupuestos y plazos concretos".

"La llegada de la Alta Velocidad es una prioridad innegable para este Ayuntamiento, un objetivo al que la alcaldesa Pilar Miranda se ha dedicado desde el primer día, firmando manifiestos como el que promueve la línea Faro-Huelva-Sevilla. No escatimaremos esfuerzos hasta que esta realidad se materialice. Gracias a nuestro trabajo constante, hemos logrado que el Gobierno de Pedro Sánchez rectifique públicamente su postura", enfatizó Arias.

En otro orden de temas, el Pleno también aprobó, con el apoyo de todos los grupos presentes y la abstención del Grupo Mixto, un Estudio de Detalle destinado a definir subparcelas dentro del sistema general dotacional en el Frente Sur del Plan Parcial Sector 'Ensanche Sur'. Este paso es fundamental para avanzar en la construcción del nuevo Recinto Colombino y en la futura sede del Real Club Recreativo de Huelva de Tenis.

Asimismo, se ha ratificado una moción del PP que busca " revertir" las actuales obligaciones de registro documental e información para los negocios de hospedaje y alquiler de vehículos de motor.

Esta moción demanda al Gobierno central la derogación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, que establece estas obligaciones que, según la tercera teniente de alcaldía, Adela de Mora, "están teniendo un impacto extremadamente negativo en las operaciones y funciones de las empresas turísticas, además de vulnerar derechos fundamentales de los viajeros y consumidores, tanto nacionales como internacionales, en relación a las normativas de protección de datos y privacidad". Por ello, se requiere urgentemente establecer un canal de comunicación eficiente con los operadores turísticos afectados.

La moción defiende que, una vez se logre una solución consensuada y satisfactoria con los operadores, se establezcan normas adecuadas sobre las obligaciones de registro e información, garantizando en todo momento un marco justo y equilibrado que brinde plena seguridad jurídica a todos los actores involucrados en la cadena de valor turística.

De manera complementaria, se solicita que se eviten futuras acciones gubernamentales que sean perjudiciales, redundantes o ineficaces, como en este caso, que podrían dañar la actividad turística y amenazar la privacidad y seguridad de los turistas y clientes, lo que resultaría en una pérdida de competitividad para los destinos turísticos.

Adicionalmente, el Pleno ha resuelto los recursos de reposición presentados contra la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, que entrará en vigor el 1 de enero tras la aprobación correspondiente en la sesión del pasado julio.

Finalmente, en una moción presentada por el grupo municipal PSOE, se aprobó por unanimidad una propuesta sobre la "restitución y mejora" de las líneas de transporte público regular. Además, se reiteró el apoyo unánime a la construcción del Centro de Salud del Distrito III en Molino de la Vega, en un terreno que el Ayuntamiento cedió a la Junta de Andalucía el pasado julio.

Con la aprobación de una moción impulsada por Vox, se instó al gobierno central a "reactivar la construcción de la presa de Alcolea" como medida preventiva ante las posibles consecuencias de una DANA. Esta moción no contó con el respaldo del PSOE y el Grupo Mixto, quienes votaron en contra.

Por último, una propuesta de Vox relacionada con un reforzamiento en la vigilancia de las plantaciones de cannabis indoor en la ciudad, así como una ampliación de la presencia de efectivos por parte de la Subdelegación del Gobierno y Endesa para controlar su expansión, recibió un apoyo mayoritario, salvo la abstención del Grupo Mixto.