Informe de la Cámara de Cuentas detalla medidas de apoyo de la Junta a residencias y centros de día durante la pandemia.
En Sevilla, la Cámara de Cuentas de Andalucía está trabajando activamente en la culminación del informe de fiscalización sobre las medidas de apoyo de la Junta de Andalucía en el sector de servicios de atención residencial y centro de día a personas mayores y con discapacidad como respuesta a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. El presidente de la Cámara, Manuel Alejandro Cardenete, ha destacado la importancia de este informe que se encuentra en fase de alegación, prometiendo concluirlo lo más pronto posible.
Además de este informe, la Cámara de Cuentas está realizando una actividad fiscalizadora sobre temas relacionados con la pandemia de Covid-19, emitiendo informes favorables con algunas salvedades, como en el caso de las ayudas a empresas del sector cultural y la contratación de personal en el Servicio Andaluz de Salud y hospitales. Asimismo, se encuentran preparando un informe sobre la compra de material para combatir la pandemia, un tema de gran relevancia en la actualidad.
Por otro lado, el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones realizadas en el sistema sanitario público de Andalucía durante los años 2020 a 2023. Ante esta iniciativa, Cardenete ha subrayado la independencia de la Cámara de Cuentas en su labor fiscalizadora y ha recordado que su objetivo es que el ciudadano conozca cómo se gasta cada euro público.
En cuanto a su experiencia en el Gobierno andaluz, Cardenete ha defendido la legalidad de las contrataciones realizadas durante la pandemia, asegurando que contaban con la aprobación del Gabinete Jurídico y la Intervención de la Junta. Destacó que la función de la Cámara de Cuentas es analizar y emitir informes para el Parlamento, dejando las interpretaciones políticas a otros actores.
En resumen, la Cámara de Cuentas de Andalucía continúa trabajando en informes de fiscalización para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos, manteniendo su independencia y profesionalismo en medio de cuestionamientos políticos y mediáticos. Su labor es fundamental para verificar el correcto empleo de los recursos en beneficio de la ciudadanía andaluza.
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