La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha tomado la decisión de abrir una nueva pieza en la investigación del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que dejó un saldo devastador de 46 muertos y más de 120 heridos. Esta medida busca permitir que diversas entidades, así como partidos políticos y asociaciones, puedan participar como acusaciones populares en el proceso.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Europa Press, hasta ocho entidades han presentado escritos para unirse a esta nueva pieza, entre ellas el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Iustitia Europa y Vox, las cuales han solicitado medidas cautelares y han presentado querellas que ahora se integrarán en este procedimiento judicial.

Asimismo, la Asociación Hazteoir.org también ha presentado su personación y querella, que ha dado inicio a diligencias previas en el tribunal. Otras organizaciones como el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), la Asociación 'Víctimas de los Políticos' y la Asociación Liberum han participado con sus propios escritos, transformando denuncias iniciales en querellas formales que se integrarán en la investigación.

Antes de decidir sobre la aceptación de estas acusaciones populares, el tribunal ha requerido a las partes involucradas que subsanen ciertos aspectos formales en un plazo de diez días. Tras esta subsanación, se tomará una decisión sobre la posibilidad de que se deposite una fianza.

Además, el tribunal ha recibido un total de 14 denuncias de personas afectadas por el accidente hasta hace una semana, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Con la reciente incorporación de una nueva jueza, el órgano judicial está a la espera de abordar diversas cuestiones planteadas en relación con el caso.

En este contexto, la Fiscalía ha solicitado al tribunal realizar un informe pericial para investigar las causas del accidente. Se ha sugerido que ingenieros especializados en Caminos, Canales y Puertos sean seleccionados como peritos, aunque se contempla la posible inclusión de otros expertos en áreas específicas si fuera necesario.

Asimismo, la Fiscalía ha instado al tribunal a permitir la apertura de las cajas negras de los dos trenes implicados en el incidente. Un primer informe preliminar de la Guardia Civil ha documentado una extensa recolección de evidencia, incluyendo aproximadamente 2.500 fotografías de la 'zona cero', así como testimonios del maquinista del tren Iryo, quien no resultó herido, y de otros integrantes de la tripulación y pasajeros.

Por otro lado, la Guardia Civil ha solicitado las grabaciones de las cámaras situadas en el apeadero de Adif y las que se encuentran dentro de los vagones de los trenes. También se ha informado a la autoridad judicial sobre el trozo de vía que se desprendió del rails por donde circulaba el Iryo a las 19:45 horas del domingo, justo antes del descarrilamiento y del posterior choque con el tren Alvia en dirección a Huelva.

Este fragmento de vía será enviado a un laboratorio especializado en análisis metalúrgicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque un parte de la evidencia también será entregado a la Guardia Civil, que, como judicial, es responsable de la investigación de posibles responsabilidades penales.

Tanto las cajas negras como las evidencias relacionadas serán examinadas en presencia de la Guardia Civil y de la CIAF, dado que resultan fundamentales no solo para el proceso judicial, sino también para que la comisión emita un informe que identifique las causas del accidente y proponga medidas que eviten su repetición en el futuro.