SEVILLA, 1 de enero de 2025. La Audiencia de Sevilla afronta este inicio de año con la mirada fija en la obligación de emitir nuevas sentencias en relación con el polémico "procedimiento específico" de financiación autonómica vinculado a los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Este marco judicial también abarca las ayudas que han sido objeto de críticas por su carácter arbitrario, incluyendo juicios respectivos de piezas separadas de esta extensa macro causa que involucra a entidades como Fertiberia y Cenforpre, así como el polémico caso sobre la adjudicación de derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis. Además, se llevará a cabo el juicio contra la actriz María León en este marco judicial complejo.

La Sección Primera de la Audiencia es la encargada de dictar estas nuevas resoluciones tras la sentencia original de la pieza "principal" de la macro trama de los ERE. Este proceso judicial se ve influenciado por la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido parcialmente los recursos de amparo presentados por los expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes diligentemente buscan revocar las condenas impuestas por la Audiencia. En este contexto, el TC ha ordenado la emisión de nuevas sentencias, exigiendo a la Audiencia que adapte su interpretación de acuerdo a una nueva doctrina.

La postura del TC, que critica la conceptualización de ciertos actos administrativos como "resoluciones", ha sido contundente. Este tribunal ha llegado a considerar que las sentencias previas incurrieron en una "interpretación extravagante e imprevisible" de los conceptos involucrados. Tal afirmación se fundamenta en la defensa del derecho fundamental a la legalidad penal que protege el artículo 25 de la Constitución Española, destacando la importancia de una correcta aplicación de la norma en relación con los acusados.

Para llevar a cabo la compleja tarea de emitir estas nuevas sentencias, la Sección Primera de la Audiencia ha decidido conformar un tribunal ampliado. Esta sala, que incluye a dos magistradas que formaron parte del tribunal inicial, contará además con la presencia de otros jueces de la misma Sección, lo cual es una medida que subraya la seriedad y la implicación jurídica que conlleva esta operación judicial.

El 7 de enero marca un nuevo hito en el calendario judicial, cuando la Audiencia reanudará el juicio contra figuras clave del anterior gobierno andaluz. El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y Juan Antonio F.G., antiguo secretario de Organización de CCOO, enfrentan serias acusaciones de prevaricación y malversación relacionada con fondos que, según se afirma, fueron concedidos de manera irregular por la Junta de Andalucía. Estos casos son solo una pequeña parte de la macro causa que ha captado la atención pública en estos últimos años.

El 9 de enero, esta misma sección judicial comenzará un juicio relacionado con otra faceta de los ERE. En este caso, se investigará el uso de pólizas de rentas otorgadas por la Junta de Andalucía para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), con un total de 491.424 euros comprometidos. Entre los acusados destaca José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, no solo por su trayectoria profesional sino también por su pasado como futbolista de renombre en equipos como Osasuna y Atlético de Madrid.

En el ámbito penal, el 3 de febrero se abrirá otro juicio que captará la atención mediática, en el que un recluso de la cárcel Sevilla-II será juzgado por el asesinato de su compañero de celda. La Fiscalía ha solicitado una pena de casi 20 años de cárcel para O.E.K., un ciudadano marroquí con antecedentes que no se computan para efectos de reincidencia, lo que pone de relieve la grave naturaleza del delito del que se le acusa.

Y ya en marzo, el día 3, el foco se centrará en la Sección Tercera de la Audiencia, donde se iniciará el juicio relacionado con la entrega de derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a la agrupación México-Minorbis. Este caso ha acumulado a 16 acusados, algunos de los cuales son figuras prominentes del ámbito empresarial y político, lo que resalta la envergadura del proceso judicial y su relevancia en la esfera pública.

Por otro lado, el 14 de marzo está previsto el juicio contra la conocida actriz María León. La Fiscalía reclama para ella una condena de un año y nueve meses de prisión debido a su presunta agresión a un agente de la Policía Local durante un altercado. León ha rechazado estas acusaciones, alegando ser víctima de un abuso de autoridad. La atención de los medios se intensificará en torno a este asunto, que refleja el creciente debate sobre la relación entre la fuerza pública y la ciudadanía.