GRANADA, 7 de enero. La situación de Juana Rivas sigue ocupando un lugar central en el debate sobre los derechos de los menores y la protección frente a la violencia de género. Tras haber sido condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos en 2017, Rivas recibió un indulto parcial por parte del Gobierno español. A finales de diciembre, presentó una denuncia en un juzgado de Málaga contra su expareja, Francesco Arcuri, por dos presuntos delitos de coacción a testigos y amenazas, que habrían tenido lugar en Italia.

Este martes, la representación legal de Juana se presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada para solicitar medidas cautelares que eviten que su hijo menor regrese con su padre tras las vacaciones navideñas que pasaron en España. La urgencia de la situación aumentó con la recepción de una notificación oficial de la Corte de Apelación de Cagliari, Italia, que exige el regreso del menor a Italia con su padre antes del 8 de enero.

La respuesta del tribunal italiano se produjo en medio de una inquietante solicitud que apuntaba a la grave situación de riesgo en la que se encuentra el menor, alegando que Arcuri enfrenta un proceso por presunto maltrato a sus hijos, lo cual añade una capa alarmante a la situación. La abogacía de Rivas también subrayó la falta de respuesta ante su solicitud de medidas cautelares desde el 26 de diciembre, lo que los llevó a presentar una demanda para que se realice una comparecencia urgente y la escucha del menor por parte de la jueza.

El 2 de enero, el equipo jurídico de Rivas informó que el niño había expresado temores a su llegada a España, narrando haber sido coaccionado y amenazado por su padre. Esta declaración resultó en una nueva denuncia ante la jurisdicción penal italiana, aumentando las preocupaciones sobre el bienestar del menor, quien afirma sentir un "miedo terrible" hacia su padre y teme por su vida si regresa a Italia.

El contexto se torna más complicado aún con la coronación de varios mensajes intimidatorios que Arcuri habría enviado a Juana durante las festividades, lo que, según su equipo legal, configura un patrón de acoso que podría interpretarse como violencia de género. Se documentaron más de 40 intentos de contacto en una sola semana, planteando serias preocupaciones sobre la seguridad de Rivas y sus hijos.

Finalmente, los abogados de Rivas expresaron su esperanza de que, una vez resueltas estas inquietudes, Daniel, su hijo menor, pueda reunirse con su madre y su hermano mayor, cerrando así un capítulo doloroso en sus vidas. A la par, el Ministerio del Interior español ha considerado este caso como de relevancia especial, activando el sistema Viogen debido al alto nivel de riesgo que presenta la situación familiar.