Once personas, incluyendo dos agentes de la Policía Nacional, un guardia civil y un escolta privado del Ministerio de Interior, se enfrentarán a un juicio por un importante decomiso de cocaína realizado en septiembre de 2022 en Sevilla. El juicio, programado inicialmente para noviembre y luego pospuesto, se llevará a cabo este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla, según informó el Diario de Sevilla.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, el contenedor que transportaba piñas junto con casi 368 kilogramos de cocaína fue recogido en el Puerto de Málaga el 14 de septiembre de 2022 por uno de los acusados, utilizando un camión marca Iveco. El contenedor fue luego trasladado a una nave en el polígono La Isla de Dos Hermanas bajo la vigilancia de otros tres acusados que iban en un Audi A6.

Al día siguiente, la organización habría transferido el contenedor a otro camión, conducido por otro de los acusados, que lo llevó a una nave en el polígono Novopark de Carrión de los Céspedes, donde otro acusado había alquilado el lugar para descargar la droga. Dentro de la nave, cuatro de los acusados estaban listos para manipular el contenedor y extraer la cocaína, mientras que el vehículo Audi A6 continuaba realizando labores de vigilancia con tres de los involucrados dentro.

En ese momento, un dispositivo policial llevó al arresto de los tres acusados que vigilaban y los cuatro que se hacían cargo del contenedor con la droga, según afirmó la Fiscalía.

El contenedor, según la acusación, contenía 365 paquetes de cocaína, con un peso total de 367,8 kilogramos y una pureza base del 79%. En el mercado ilegal, se estima que el valor de la droga oscila entre los 14,45 millones de euros al por mayor y los 37,9 millones de euros al por menor.

Además, la acusación menciona a otra persona involucrada en la operación, quien se encargó de coordinar parte del plan y reclutar a algunos de los acusados. También se informa sobre la intervención de varias armas de fuego cortas.

La Fiscalía acusa a todos los implicados de un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, solicitando para cada uno de ellos una pena de ocho años de prisión, una multa de 45 millones de euros y la destrucción de la droga y las armas incautadas.