En un contundente avance en la lucha contra la corrupción, la Audiencia Nacional en Madrid ha dado un paso significativo al ordenar la detención de tres individuos vinculados a un entramado presuntamente corrupto. Entre ellos se encuentra Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, quien ocupó la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el empresario Antxon Alonso. Esta operación ha surgido en el contexto de una investigación que indaga un posible desfalcó que asciende a más de 700.000 euros a través de comisiones ilegales, involucrando a empresas públicas y entidades asociadas a la SEPI en un total de cinco operaciones.

La decisión del juez Antonio Piña, a cargo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, se ha fundamentado en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha descubierto que los detenidos forman parte de un grupo autodenominado "Hirurok". Este colectivo supuestamente ha utilizado su influencia en la Administración para favorecer sus intereses personales y económicos, manipulando procesos y decisiones que implicaban a diversos organismos públicos.

La investigación revela que para llevar a cabo este entramado, los tres detenidos habrían organizado sus acciones de manera conjunta, buscando maximizar sus beneficios a través de prácticas de contratación y facturación irregulares. La empresa Mediaciones Martínez ha sido identificada como la principal vía de canalización de estos fondos malversados.

Se sospecha que las actividades del grupo "Hirurok" se desarrollaron entre 2021 y 2023, abarcando diversas administraciones públicas a lo largo del país. Para mantener sus actividades en secreto, los implicados habrían implementado estrategias de seguridad destinadas a proteger la confidencialidad de sus operaciones.

Entre las operaciones investigadas destaca un rescate de 112,8 millones de euros otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos. El grupo "Hirurok" habría actuado como intermediario, luego de lo cual percibieron casi 115.000 euros a través de facturación engañosa emitida por la mencionada mediadora.

Otra de las operaciones incluye un contrato de 18.119,75 euros adjudicado por Mercasa a Servinabar, una empresa vinculada a Alonso, que habría permitido ajustar la sede de la sociedad pública. Se ha señalado que esta maniobra, en connivencia con directivos públicos, se realizó bajo la justificación de un informe técnico cuya validez es puesta en duda.

Además, la adjudicación de 2,8 millones de euros por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a un consorcio constructor ha levantado sospechas sobre el posible favorecimiento de la empresa Eriberri, a cambio de la canalización de fondos hacia el grupo de investigados.

Las indagaciones han revelado también una serie de pagos desde Enusa, una empresa pública, a un despacho de abogados, lo que se produjo en el contexto de un interés de Acciona en adquirir ciertas infraestructuras. Estos pagos, según el informe, habrían disparado los costos de contratación, beneficiando al grupo "Hirurok" de manera directa.

Por otra parte, se ha detectado la concesión de 17,32 millones de euros a la sociedad Arapellet. Se menciona que antes de esta ayuda, el grupo "Hirurok" había acordado recibir 200.000 euros, que fueron igualmente dirigidos a través de Mediaciones Martínez, para solventar inversiones inmobiliarias en lugares como Marbella y Jaca, beneficiando así directamente a los detenidos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez Piña ha decidido poner en libertad a Díez, Fernández y Alonso, aunque les ha impuesto medidas cautelares, que incluyen la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país, además de comparecencias periodic en el juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción lleva esta causa, en la que se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, reflejando un compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.