La reciente decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha exonerado a 16 individuos, incluidos varios funcionarios y expertos de la administración autonómica, en un caso relacionado con la supuesta manipulación de un concurso internacional para la concesión de la mina de Aznalcóllar. La corte determinó que no existen pruebas que respalden los cargos formulados, catalogando las acusaciones como infundadas.

En una resolución emitida el 4 de diciembre y comunicada este viernes, los magistrados anularon los cargos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación, fraude y otros delitos que habían sido señalados por las empresas Emerita Resources España S.L.U., SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, según una nota del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Además, la Junta de Andalucía y varias compañías, entre ellas Minera Los Frailes S.L., AMC Mining Iberia S.L.U., Grupo México, Minorbis S.L., y Magtel S.L., también fueron liberadas de cualquier responsabilidad civil que pudiera haber surgido. Curiosamente, el tribunal condenó a las entidades acusadoras a cubrir las costas del proceso, mencionando una aparente colaboración entre ellas que causó daño moral y económico a los acusados, quienes fueron finalmente absueltos de cargos sin fundamento. La Fiscalía había solicitado la absolución de todos los encausados.

Los jueces argumentaron que las acusaciones carecían de solidez, sugiriendo que los acusadores debieron ser conscientes de la falta de base en sus alegaciones, especialmente después de que el juicio revelara la debilidad probatoria de las imputaciones. La corte destacó que la gravedad inicial de las acusaciones se atenuó significativamente a lo largo del proceso, dejando al descubierto la ausencia de parámetros razonables en la investigación previa.

El tribunal enfatizó que, a diferencia de las acusaciones privadas, la postura de la Fiscalía fue clara y apoyada por evidencias consistentes, como informes de la Intervención General de la Administración del Estado y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que negaron la existencia de delitos por parte de los 16 acusados, en su mayoría funcionarios que se habían mostrado dispuestos a colaborar y clarificar su papel en el concurso minero.

Los magistrados manifestaron que no se probó que los acusados intentaran influir en las decisiones de sus colegas, ni que hubieran usado su posición para favorecer a ciertos licitadores. Al respecto, la Auditoría Provincial citó evidencias de la UCO que no hallaron comunicaciones que sugirieran influencias en el proceso de selección, lo que cimentó su decisión de absolución.

Por otra parte, los jueces encontraron insuficiente la evidencia relacionada con una supuesta reunión entre los acusados y la empresa Minorbis, argumentando que no había pruebas concluyentes que pudieran sostener la teoría de una colusión o tráfico de influencias. Según sus conclusiones, no se había demostrado que existieran incentivos económicos o compromisos que justificaran tales afirmaciones.

El tribunal insistió en que no se había presentado prueba alguna que demuestre una conspiración para apropiarse de recursos mineros, reafirmando que la actuación de los miembros de la mesa de adjudicación y de la comisión técnica fue objetiva y apegada a los criterios establecidos, los cuales no fueron impugnados por los licitadores. Por tanto, la corte validó el procedimiento seguido por los evaluadores técnicos, respaldados por expertos en la materia.

La decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla abre la puerta a la posibilidad de que se interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría llevar este caso a un nuevo nivel de revisión judicial.