El Pleno de la Diputación de Málaga, de tendencia progresista, ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de España un plan de protección y estabilización de playas en la región.

En una sesión celebrada en Málaga, se ha instado al Ejecutivo a eliminar el aumento de precios en las autopistas A-7 y A-46 durante la temporada alta, especialmente en verano y Semana Santa. Esta medida ha sido criticada por el portavoz del PP, Cristóbal Ortega, quien ha denunciado las desigualdades promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de movilidad.

Ortega ha destacado que los altos precios en las autopistas de peaje de Málaga impactan negativamente en trabajadores, estudiantes y familias de la Costa del Sol, debido a la falta de un tren litoral en la provincia. Asimismo, ha señalado que el Gobierno central bonifica otros peajes en diferentes regiones, pero no en la Costa del Sol.

En esta línea, el grupo Con Málaga se ha abstenido y ha criticado la reducción del presupuesto para carreteras por parte de la Diputación y la falta de mejoras en el transporte público. Por su parte, Vox ha respaldado la moción del PP para la eliminación del peaje y ha instado a seguir reclamando la liberación del mismo hasta que se implementen soluciones de movilidad por parte del Gobierno.

El PSOE ha mostrado preocupación por las formas de la moción, calificándolas de ataque al Gobierno de España, aunque se han mostrado a favor de buscar fórmulas para reducir los precios de los peajes. Sin embargo, se abstuvieron en la votación por cuestiones de forma.

Además, se aprobó un plan de protección para las playas de la provincia de Málaga y un fondo de contingencia para gastos derivados de temporales. También se respaldó la propuesta de Vox para realzar la plaza de toros de La Malagueta y preservar la necrópolis fenicia de Trayamar.

Otra propuesta para combatir la despoblación en municipios de menos de 20.000 habitantes no prosperó, mientras que la moción para mostrar apoyo a la comunidad educativa del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Humilladero tampoco salió adelante.

En materia sanitaria, se rechazó la propuesta de aumentar el refuerzo estructural en salud mental. La Diputación también rechazó apoyar la huelga convocada en el SAS, destacando la falta de acción por parte del Ministerio de Salud en esta área.