GRANADA, 18 de diciembre - En una reciente reunión con los medios de comunicación, Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía, ha expresado la creciente inquietud del Ministerio Fiscal ante el alarmante aumento de delitos de agresión sexual perpetrados por menores de 14 años. Esta preocupación se ve acentuada por la falta de programas específicos destinados a intervenir con estos jóvenes infractores, quienes, debido a su corta edad, son inmunes a la responsabilidad penal y, lamentablemente, a menudo quedan fuera de cualquier acción de la Administración pública, que debería ser la encargada de gestionar estos casos.

Durante su tradicional encuentro navideño realizado en la sede de la Fiscalía Superior, Tárrago mencionó dos recientes incidentes de supuesto abuso sexual a niñas pequeñas en un colegio de Granada, supuestamente llevados a cabo por otros alumnos menores de 14 años. Esto ha reavivado el debate sobre la posible modificación de la edad legal para la responsabilidad penal, considerando la propuesta de reducirla de 14 a 12 años.

La fiscal andaluza argumentó que es viable mantener la actual legislación sobre la edad penal, siempre y cuando se implementen "programas o proyectos específicos" para aquellos menores que no pueden ser responsabilizados legalmente por sus delitos. Según sus declaraciones, en la actualidad no hay tales programas disponibles. La normativa establece que el fiscal debe remitir el caso a la Administración pública, y si el menor se encuentra “normalizado” en su entorno escolar y familiar, el expediente se archiva sin más intervención.

En su discurso, Tárrago se mostró en desacuerdo con el hecho de que la respuesta habitual ante delitos sexuales cometidos por menores inimputables sea tan limitada. Subrayó que es responsabilidad de la Administración pública, en especial a través de los Servicios Sociales, desarrollar "programas específicos" para tratar a estos jóvenes infractores, en lugar de depender únicamente de las limitadas capacidades que la ley otorga a la Fiscalía en estos contextos.

“La ley establece que el fiscal no tiene la autoridad para investigar estos actos –explicó–. Podemos abrir expedientes en la Fiscalía de Menores y evaluar posibles riesgos o irregularidades, pero el poder para implementar cualquier programa recae en la entidad pública una vez que se le remita el caso desde la Fiscalía”. Esta realidad complica el abordaje de situaciones que requieren una atención y un seguimiento adecuados.

Respecto a los casos mencionados desde el colegio de Granada, Tárrago informó que uno ya ha sido archivado, mientras que el otro ha sido enviado a la Junta de Andalucía para que tome las medidas necesarias con respecto al supuesto agresor. Además, se ha iniciado un expediente destinado al seguimiento y protección de la víctima afectada.

En su análisis sobre el panorama delictivo en la comunidad andaluza durante el año que concluye, la fiscal superior destacó que las cifras se han mantenido estables en comparación con periodos anteriores, aunque se ha observado un preocupante incremento en los delitos informáticos relacionados con las redes sociales.

Referente a la violencia de género, Tárrago enfatizó la urgencia de establecer un tercer juzgado especializado en esta área en Granada. En el contexto del narcotráfico, lamentó el “horroroso” asesinato de dos guardias civiles en Barbate y abordó las investigaciones en curso sobre el blanqueo de capitales, así como los cultivos de marihuana en interiores que generan un “grave problema social” en diversas localidades debido a los cortes de luz que causan.

Finalmente, se refirió al inicio de un plan de infraestructuras por parte de la Junta de Andalucía, que busca mejorar y adaptar los edificios judiciales, celebrando que “por fin en Granada” se resolverá el “eterno problema de la dispersión de sedes”, facilitando así una mejor gestión de la justicia en la región.