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La Fiscalía de Sevilla cierra el caso de Amama por la presunta falta de mamografías.

La Fiscalía de Sevilla cierra el caso de Amama por la presunta falta de mamografías.

SEVILLA, 2 de diciembre.

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha decidido archivar la denuncia interpuesta por la Asociación Amama, concerniente a la supuesta ausencia de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según la entidad, se ha confirmado la total integridad de los datos tras una exhaustiva auditoría técnica. La Sección de Criminalidad Informática ha concluido que no hubo delito en relación al descubrimiento de secretos o daños informáticos, desestimando cualquier posible irregularidad.

En un comunicado, la Fiscalía ha abordado la investigación que se inició en octubre, a raíz de las denuncias presentadas por Amama y la Asociación El Defensor del Paciente. El foco de la pesquisa era determinar si los problemas en el acceso a pruebas diagnósticas, como mamografías y ecografías a través de la plataforma ClicSalud+ y del sistema Diraya, se debieron a un borrado deliberado o a un acceso no autorizado a las bases de datos del SAS.

El análisis realizado por la Fiscalía concluye que no hubo saturación del sistema ni manipulación. Según el decreto fechado el 26 de noviembre de 2025, la interrupción del servicio en octubre se debió a una sobrecarga de solicitudes en el módulo de 'Visor para la ciudadanía'. La Fiscalía enfatiza que este incidente ocasionó un problema operativo en la visualización sin comprometer la integridad o trazabilidad de los datos clínicos.

Las auditorías a los historiales de las pacientes involucradas han revelado que no existieron alteraciones ni accesos no autorizados. Los registros de seguridad corroboran que la información permanece íntegra y en conformidad con los protocolos de atención médica.

En relación a la denuncia específica de una paciente que mencionaba la posible eliminación de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía, se ha determinado que no hubo manipulación alguna. Los ajustes en la programación de las pruebas se debieron a decisiones de gestión clínica, no a intervenciones malintencionadas, según se señala en el informe judicial.

Dado que no se han encontrado indicios de delitos relacionados con la revelación de secretos o daños informáticos, la Fiscalía ha acordado archivar el caso. Sin embargo, ha recalcado que este archivo no impide que las personas interesadas puedan hacer valer sus derechos en relación a los retrasos en las pruebas o los criterios médicos aplicados, ya sea en el ámbito judicial o a través de los canales administrativos adecuados.