Sevilla, 8 Abr.

La huelga indefinida de los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cumple una semana, dejando más de un centenar de juicios en el limbo, así como 250 plazos procesales sin atender. Esto incluye contestaciones a demandas, recursos de apelación y medidas cautelares, y la suspensión de más de treinta mesas de contratación.

El comité de huelga ha reportado un seguimiento del 90% de la plantilla y han programado una reunión con el Ejecutivo autonómico para discutir sus demandas. Entre estas se destaca la necesidad de un nuevo Decreto que regule de manera adecuada la estructura y funciones de los letrados del SAS.

A su vez, han destacado el alto coste de los juicios celebrados sin la presencia de los letrados del SAS en la provincia de Almería, superando los 2 millones de euros. Advierten que los casos atendidos por la Asesoría Jurídica del SAS superan con creces el presupuesto necesario para aprobar el reglamento y mejorar las condiciones que se solicitan desde hace tiempo.

Además, advierten que la prolongación de la huelga afectará también a la contratación pública de la administración sanitaria. Se han suspendido un total de 33 mesas de contratación en la primera semana, necesarias para adjudicar contratos públicos, algunos financiados con fondos europeos.

Entre las mesas no realizadas, se encuentran algunas de alto valor en Sevilla, Almería y Jaén, entre otros. Destacan que la mayoría son para la actividad ordinaria del Servicio Andaluz de Salud, aunque algunas están relacionadas con el plan de reducción de listas de espera del presidente de la Junta de Andalucía.

Los letrados en huelga mencionan que las listas de espera en Andalucía son un problema endémico sin resolver. Critican la falta de soluciones propuestas por la consejera Catalina García, pese a su afirmación de que la huelga no afectaría a la adjudicación de contratos.

Destacan el papel crucial de los letrados para el funcionamiento adecuado de la sanidad pública andaluza, enfatizando su participación en mesas de contratación para garantizar el cumplimiento de la legalidad en los procesos. Acusan a la falta de interés y negociación del Ejecutivo andaluz, lo que está generando pérdidas y paralización en la contratación pública sanitaria.