24h Andalucía.

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La Junta asegura máximas garantías en la mina de Aznalcóllar para evitar vertidos al Guadalquivir.

La Junta asegura máximas garantías en la mina de Aznalcóllar para evitar vertidos al Guadalquivir.

El Gobierno andaluz se posiciona firmemente a favor de la explotación de la mina de Aználcollar (Sevilla), asegurando que el nuevo proyecto nace con un enfoque centrado en garantías medioambientales. En este sentido, se afirma que no se verterá ni un solo litro de agua al Guadalquivir hasta que la estación depuradora esté completamente operativa.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido esta postura durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Ante las preocupaciones planteadas por organizaciones ecologistas, Fernández-Pacheco ha destacado que se trata de un nuevo proyecto y no de la reapertura de la mina que causó un desastre medioambiental en 1998.

El Gobierno andaluz ha subrayado que diversas consejerías han supervisado los procedimientos y proyectos relacionados con la explotación de la mina. Además, se asegura que el 80% de las aguas residuales se reutilizarán para garantizar los procesos de extracción, mientras que el resto será tratado y depurado.

Ante la preocupación de los ecologistas, Fernández-Pacheco ha enfatizado que las aguas residuales de la mina no se verterán directamente al Guadalquivir. Se destaca que el proyecto ha pasado por dos períodos de información pública, demostrando la cautela y exigencia que lo rodea.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación sobre el posible vertido al río Guadalquivir derivado del nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar. Se alerta sobre la contaminación y los efectos negativos en áreas naturales protegidas.

La puesta en marcha de la mina requerirá una inversión de 316 millones de euros y se espera la creación de 2.000 empleos directos e indirectos. A pesar de los beneficios económicos, los grupos ecologistas advierten sobre el impacto ambiental y la contaminación del Guadalquivir con metales pesados.

La polémica en torno al proyecto incluye acusaciones de delitos como tráfico de influencias y prevaricación. La situación está sujeta a investigación judicial, lo que añade un componente de incertidumbre a la futura explotación de la mina.