SEVILLA, 5 de noviembre. En un acto que pone de relieve la proactividad del Gobierno andaluz en materia de regulación urbanística, se ha defendido recientemente la implementación de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad de Andalucía (Lista). Esta normativa, según los representantes del gobierno, se anticipa a posibles crisis ecológicas, al prohibir la construcción en áreas susceptibles a inundaciones.

Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, argumentó que esta legislación es fundamental para prevenir desastres como el que ha asolado a la Comunidad Valenciana tras el paso de la DANA. España expresó su preocupación por la posibilidad de que Andalucía pudiera enfrentar una situación similar, subrayando que el problema en Valencia se vio agravado por el desarrollo en terrenos vulnerables.

La consejera explicó que la Ley 7/2021 obliga a calificar como rústicos aquellos terrenos en riesgo de inundación, lo que significa que la construcción en esas áreas queda completamente prohibida. Esta medida, según España, no solo es una prevención crucial, sino que también se inscribe dentro de la visión de un desarrollo urbano que prioriza la sostenibilidad y la seguridad de las comunidades.

Además de destacar las virtudes de la ley, España hizo hincapié en que la consejera de Fomento también ha estado trabajando estrechamente con los ayuntamientos en este tema. La colaboración entre el gobierno regional y los municipios es clave para garantizar la efectividad de estas políticas, según la consejera.

Aunque España reafirmó la existencia de estas medidas preventivas, también reconoció la necesidad de reflexionar sobre lo sucedido en la Comunidad Valenciana. “Debemos aprender de lo ocurrido”, dijo, sugiriendo que la Junta de Andalucía debe continuar sus esfuerzos de colaboración con los gobiernos locales, con el objetivo de identificar y analizar mejor las zonas inundables en la comunidad.

En este contexto, la Ley 7/2021 modifica la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, introduciendo una disposición que establece la zonificación del riesgo de inundación y la creación de instrumentos para la prevención de este tipo de riesgo. Se trata de un esfuerzo coordinado que promete abordar la problemática desde una visión integral y colaborativa.

La normativa también contempla la elaboración de mapas que identifiquen las áreas propensas a inundaciones, trabajo que llevará a cabo la Consejería responsable del agua, en coordinación con otras administraciones. Esto asegura que se utilicen criterios de probabilidad tomando en cuenta las condiciones específicas de cada área, con el fin de mitigar el riesgo.

Por otro lado, la Lista detalla que la consejería correspondiente se encargará de delimitar las zonas de flujo preferente, de acuerdo con las normativas estatales vigentes. De esta forma, se busca garantizar una preparación adecuada ante cualquier eventualidad climatológica que pueda presentarse en el futuro.

En cuanto a la gestión del riesgo de inundación, se estipula que corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación de planes que cumplan con la legislación básica estatal. Este enfoque integral incluye la participación activa de las comunidades y partes interesadas en la creación y revisión de estrategias de prevención, resaltando la importancia de que los municipios afectados hagan oír su voz en el proceso.

Por último, la ley pone énfasis en que toda la información relacionada con la evaluación de riesgos, mapas de peligrosidad y planes de gestión se considerará información ambiental, en concordancia con el artículo 19 de la normativa vigente. Este enfoque refleja un compromiso con la transparencia y la inclusión en la planificación hidrológica y el manejo de recursos hídricos en Andalucía.