SEVILLA, 11 de enero.

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha reaccionado ante las enmiendas a la totalidad de la Ley de Turismo Sostenible presentadas por grupos de la izquierda, afirmando que estas enmiendas revelan una falta de comprensión del contenido de la ley más que una crítica sustancial.

En un comunicado oficial, la Consejería denunció la presencia de "prejuicios ideológicos tradicionales" en las enmiendas, argumentando que no abordan los aspectos concretos de la normativa.

La Consejería también comentó que los términos de "retórica" y "declaración de principios" utilizados por los críticos demuestran una desconexión con lo que se espera de una legislación moderna, adecuada para el siglo XXI.

Asimismo, se destacó que la ley en cuestión funciona como un marco regulador que establece "principios claros y competencias definidas", además de habilitar herramientas reglamentarias necesarias para gestionar un sector tan dinámico y diverso como es el turismo.

Por vez primera en la historia de Andalucía, se define una política turística integral. La Consejería subrayó que resulta sorprendente que aquellos que gobernaron sin actualizar la legislación en esta área durante tantos años critiquen al actual Gobierno por haber implementado cambios que ellos no llevaron a cabo, enfocándose en ordenar y modernizar el modelo turístico andaluz.

Además, las críticas relacionadas con la financiación, inspecciones, vivienda turística y sostenibilidad son, según la Consejería, omisiones deliberadas, ignorando el hecho de que la nueva ley refuerza la participación activa de los ayuntamientos, mejora la planificación de destinos turísticos y aumenta la capacidad de control, adaptando las decisiones a las realidades locales, algo que no era posible bajo la anterior legislación socialista, que se caracterizaba por su rigidez y un alto número de reglamentos que dificultaban la gestión.

La norma ha sido cuestionada por no establecer "límites" en la actividad turística, mientras que, en realidad, se argumenta que lo que incomoda a la oposición es la ausencia de criminalización del turismo, una actividad que genera empleo y riqueza, además de contribuir a la cohesión territorial en Andalucía.

La ley, en definitiva, se basa en una idea central: el turismo no representa una problemática sino que es parte de la solución, siempre que su gestión se realice de modo sostenible y responsable. Esto es exactamente lo que persiguen tanto el texto de la ley como el actual Gobierno andaluz.

En este contexto, la Consejería sostiene que las enmiendas presentadas no tienen el propósito de mejorar la ley, sino que buscan rechazarla por motivos ideológicos. Por otro lado, el Gobierno de Andalucía mantendrá su postura a favor de un modelo que es serio, pragmático y alineado con las necesidades reales de Andalucía, tal como ha estado implementando el gobierno de Juanma Moreno.