24h Andalucía.

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La Junta cuestiona si Sánchez conocía la dirección de la ponencia del TC sobre los ERE, planteando la anulación del caso.

La Junta cuestiona si Sánchez conocía la dirección de la ponencia del TC sobre los ERE, planteando la anulación del caso.

El Gobierno andaluz ha cuestionado este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre su conocimiento previo al contenido de la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) en el caso de los ERE, manifestando su preocupación de que el caso sea anulado.

En una conferencia de prensa luego de la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, expresó su inquietud luego de que se hiciera público que el TC estudiará a partir del 18 de junio un borrador de una ponencia que sugiere anular la condena de nueve años de inhabilitación a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, por un delito de prevaricación en el caso de los ERE.

"Estamos muy preocupados por la constante sensación de intromisión que el PSOE y el Gobierno de España tienen en los procesos judiciales, incluso en aquellos ratificados por el Tribunal Supremo", señaló Fernández-Pacheco, destacando que el caso de los ERE ha pasado por la revisión de hasta 20 jueces distintos quienes han identificado delitos como la prevaricación.

El portavoz mencionó la atención que la Junta prestará a estos sucesos y expresó su preocupación sobre un posible homenaje que el presidente del Gobierno podría organizar a Magdalena Álvarez en plena campaña electoral en Benalmádena (Málaga), coincidiendo con la evaluación de la ponencia del TC que podría anular la sentencia.

Ante estas circunstancias, Fernández-Pacheco planteó la pregunta de si Sánchez tenía conocimiento previo del rumbo que tomaría la ponencia, cuestionando si el presidente sabía qué dictarían las futuras sentencias o si el caso de los ERE sería anulado. "Estaremos muy atentos para ver qué magistrados se abstienen en este proceso", agregó.

La Junta reiteró su preocupación por la intromisión constante del Gobierno en los procesos judiciales. "Si el caso de corrupción más relevante de España es finalmente anulado y con las intromisiones conocidas, la justicia española quedaría muy perjudicada en términos de prestigio y garantías de independencia a nivel internacional", concluyó Fernández-Pacheco.