La gestión cultural en Andalucía vuelve a ser objeto de debate, ya que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía está considerando la implantación de tarifas de entrada en los museos de la región, con precios diferenciados según tramos. Esta propuesta rescata la iniciativa original de la ex consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que fue pospuesta debido a la pandemia.

El objetivo es establecer una estructura de precios que tenga en cuenta la calidad y cantidad de servicios ofrecidos, así como otros criterios como la ubicación geográfica del museo o enclave arqueológico. De esta forma, se pretende garantizar un acceso equitativo para todos los ciudadanos, con horarios y tramos gratuitos para residentes en la provincia correspondiente.

La propuesta ha sido presentada por el departamento de Arturo Bernal y ha sido objeto de consulta con el departamento de Hacienda, que ha aclarado que su función se limita a verificar la adecuación de la propuesta a la normativa vigente. La decisión final sobre la modificación de los precios corresponde a la Consejería de Turismo y Cultura.

Con los fondos adicionales recaudados a través de estas tarifas, la Administración autonómica tiene como objetivo promover la modernización y calidad de las instituciones culturales, tanto en términos de infraestructuras como de actividades disponibles para los ciudadanos. El objetivo final es convertir estos espacios en referentes de una cultura de calidad para el siglo XXI.

El proceso de actualización de precios públicos para los museos y enclaves culturales gestionados por la Junta de Andalucía comenzó en octubre de 2022, con un periodo de consulta pública previa. Esta iniciativa tiene en cuenta la normativa vigente desde 1989 y busca adaptar las tarifas a las demandas actuales.

Por otro lado, se hace referencia a la Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, que establece la posibilidad de cobrar tarifas de entrada respetando el principio de igualdad entre los visitantes. Esta medida, que había sido propuesta anteriormente por Patricia del Pozo, no pudo implementarse debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.