En un importante avance en el caso de los ERE de Fertiberia, la Audiencia de Sevilla ha dado fin a la última audiencia judicial, donde se han discutido los presuntos delitos relacionados con la malversación y prevaricación en la asignación de 9,7 millones de euros que fueron otorgados por la Junta de Andalucía sin seguir el procedimiento legal establecido.

El juicio, que comenzó en noviembre, tiene en el banquillo de los acusados al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, y a un ex representante sindical de CCOO-A, Juan Antonio Florido. Durante esta sesión final, la fiscal del caso ha reafirmado su demanda de condena, que inicialmente incluía cinco años de prisión y una inhabilitación correspondiente para ambos acusados, aunque hubo una modificación en la petición para Florido, reduciendo el tiempo de su posible cárcel y la inhabilitación especial.

La fiscal ha subrayado la “incuestionable participación” de ambos en el escándalo. A pesar de que la empresa Fertiberia no solicitó ayudas para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2003, la Junta otorgó más de 2,26 millones de euros a extrabajadores prejubilados, lo que, según la defensa de la acusación, constituye un claro caso de malversación de fondos públicos.

De acuerdo con la Fiscalía, la Junta desembolsó un total de 9,76 millones de euros, asignados sin un pedido formal por parte de la empresa. La acusación sostiene que existió una “mecánica ilícita” entre Rivera y Florido para gestionar las ayudas, que incluyeron estrategias para obtener prejubilaciones a través de un traslado de trabajadores a otros centros, lo que resultó en incentivos pateados por el sistema establecido, pero fuera de las normas legales.

El escrito de acusación detalla que la suma de 317.735 euros se destinó a primas de pólizas para trabajadores del despido colectivo de 2003 y 7,5 millones para otro grupo de 159 trabajadores en 2009, de los cuales no hay registro de pago. Elementos clave en esta trama incluyen varias órdenes de pago firmadas por Rivera, según lo especificado en su papel como director general de Trabajo desde 2010.

La fiscal resaltó que el propósito de estas subvenciones era cubrir el costo de indemnizaciones por despido colectivo y, dado que no se realizó un análisis económico por parte de la Junta, el procedimiento se vio gravemente falto de garantías, lo que resulta potencialmente en la nulidad de los actos realizados.

Florido, por su parte, ha negado su implicación, aunque el testimonio de varios trabajadores sugiere que había confusión en la gestión de las pólizas y era necesario coordinarse con él ante cualquier dificultad. La situación se complica aún más recordando que su predecesor, que había fallecido, había sido condenado anteriormente por similar conducta en relación con los ERE.

A la vez, mientras que Rivera alegó que confiaba en que la documentación estaba correcta y no tenía razón para sospechar irregularidades al firmar las órdenes, la fiscalía ha considerado este argumento como inadmisible, afirmando que debió ser consciente de la falta de cobertura legal para estas ayudas.

En un giro del caso, el abogado de la Junta ha solicitado el sobreseimiento de la acusación contra ambos acusados, argumentando que no ha quedado demostrado que existieran “intrusos” que recibieran prejuicios sin pertenecer a la empresa, aunque ha dejado claro que esta solicitud no significa que la Junta esté renunciando a recuperar los 9,7 millones de euros otorgados de manera irregular.

La defensa de Rivera ha insistido en que no se ha comprobado su conocimiento de las irregularidades, poniendo en relieve que los compromisos económicos que se investigan datan de años anteriores a su llegada al cargo y que su actuación respondía a instrucciones directas de sus superiores, solicitando su total absolución. Este caso continúa reflejando las tensiones y dificultades en la relación entre funcionarios, sindicatos y la gestión de fondos públicos, que han quedado expuestas ante la justicia.