SEVILLA, 16 de diciembre. En la jornada de este martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un paso significativo al aprobar un nuevo decreto que implementa la Ley 3/2021 sobre el Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Este decreto tiene como eje central la protección del profesorado frente a cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, en el ámbito educativo, proponiendo que la Administración autonómica colabore activamente con el Ministerio Fiscal para calificar estos incidentes como atentados.

El decreto no solo se limita a los entornos escolares, sino que se extiende a actividades complementarias y extraescolares, así como a cualquier circunstancia que implique un riesgo para la integridad de los docentes, incluyendo situaciones de ciberacoso y ataques contra su bienestar moral y físico.

María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha compartido los detalles de esta propuesta en una conferencia de prensa que siguió a la reunión del Consejo de Gobierno. Según sus palabras, la designación del profesorado como autoridad pública significa que su testimonio tendrá una presunción de veracidad, lo que dotará a los docentes del respaldo legal necesario para llevar a cabo sus funciones.

El decreto también establece la creación de una Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, la cual ofrecerá asistencia especializada a los docentes que enfrenten situaciones problemáticas. Esta unidad jugará un papel clave, al apoyar y asesorar a los profesionales de la educación afectados, asegurando que reciban la ayuda jurídica y psicológica que necesiten, además de evaluar el contexto conflictivo para prevenir futuros casos.

Esta Unidad se compromete a atender cada situación de manera individual, brindando orientación específica sobre las acciones que se pueden tomar. Así mismo, se proporcionará asistencia psicológica para ayudar a los docentes a sobreponerse a los efectos negativos de las agresiones y conflictos en su salud y en su desempeño laboral.

La Junta enfatiza que el objetivo primordial de esta iniciativa es "reforzar la consideración y el respeto" que merece el personal docente en los centros educativos, contribuyendo a crear un ambiente escolar donde prevalezcan la convivencia y el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Asimismo, el Gobierno andaluz subraya que el decreto busca garantizar la protección de los docentes, permitiendo que desempeñen su labor con dignidad y seguridad. En este sentido, un profesorado claramente reconocido y respaldado es fundamental para elevar el prestigio del sistema educativo.

Es importante mencionar que el alumnado y sus representantes tienen la obligación de respetar la autoridad de los educadores y colaborar con ellos para el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas.

El decreto también establece procedimientos para acceder a protección jurídica y apoyo psicológico sin costo alguno cuando sea necesario. Sin embargo, la consejera ha aclarado que esta asistencia jurídica está reservada específicamente para quienes trabajen como personal de la Junta de Andalucía, mientras que los profesionales de centros concertados tendrán acceso a los recursos de las Unidades de Apoyo.

La protección jurídica incluirá representación y defensa ante juicios, tanto en casos donde se actúe contra el docente como en aquellos en los que se defienda su derechos frente a amenazas y agresiones.

Además, el decreto implementa medidas para realzar la valoración social de la labor docente, incluyendo campañas destinadas a mejorar la percepción y el respeto hacia los educadores, destacando su importancia en la sociedad.

Finalmente, se establecerán bases para premiar y reconocer a aquellos profesores que se destaquen por su dedicación, innovación o por mejorar la convivencia en sus centros educativos. Asimismo, los planes de formación del profesorado incluirán componentes que potencien la inteligencia emocional y fortalezcan su autoestima y autoridad pública.