SEVILLA, 10 de diciembre. En una reunión celebrada este martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, encabezada por el Partido Popular (PP-A), ha expresado su desacuerdo con un total de 399 enmiendas parciales presentadas por diferentes grupos de la oposición. Estas enmiendas formaban parte del proyecto de Ley de Presupuesto para la Comunidad Autónoma correspondiente al año 2025 y se referían principalmente a la envolvente financiera, al ser interpretadas por el Gobierno como propuestas que implicarían un aumento en la carga fiscal por un importe que podría alcanzar los 1.800 millones de euros, especialmente criticadas han sido las de los socialistas.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, pasó a detallar esta postura en una rueda de prensa posterior al encuentro del Consejo de Gobierno. Desde el Ejecutivo se ha hecho pública su oposición a las 406 enmiendas que llegaron desde la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento, alegando que estas afectaban de manera directa a la envolvente presupuestaria global y a las distintas secciones que conforman el presupuesto autonómico.

España ha enfatizado que el Consejo de Gobierno ha decidido rechazar 399 de estas enmiendas propuestas por la oposición, compuesta por los grupos del PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía. Para la consejera, estas enmiendas representaban un intento de modificar la envolvente financiera a través de un incremento en impuestos, endeudamiento, o medidas presupuestarias que carecen de fundamento técnico, mientras que sí han apoyado las siete enmiendas vinculadas al Grupo Popular, que detenta una mayoría absoluta en esta legislatura.

La portavoz del Gobierno andaluz ha argüido que las enmiendas en cuestión reflejan una ideología política que dista notablemente de la implementada por el Ejecutivo de Juanma Moreno. Así, ha subrayado que muchas de estas propuestas implican lo que ella considera "una subida masiva de impuestos", señalando con énfasis que el Grupo Socialista estaba sugiriendo subidas por valor de hasta 1.800 millones de euros.

En cuanto a las especificidades, ha indicado que las 151 enmiendas presentadas por el PSOE-A fueron desechadas porque buscaban aumentar los ingresos en 3.223 millones de euros a través de la anulación de todas las medidas fiscales aprobadas en Andalucía. Este aumento en los impuestos incluiría significativos incrementos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el impuesto sobre el patrimonio, y el IRPF, además de la potencial recuperación de la subasta de medicamentos y la reprogramación de fondos europeos, que en total sumarían 1.170 millones de euros.

La consejera ha afirmado con contundencia que el gobierno que opera en la Junta de Andalucía “no está dispuesto a cargar a las familias, trabajadores, autónomos y pensionistas con mayores impuestos, como propone el PSOE y otros partidos de izquierda a través de las enmiendas”, insistiendo en que la carga fiscal no debe aumentar para los ciudadanos andaluces. También ha criticado a Por Andalucía por sugerir que los andaluces deberían asumir un incremento de 960 millones de euros en impuestos.

Desde la Junta, se han mostrado firmes en su oposición a cualquier enmienda que implique la derogación total o parcial de los decretos que han llevado a cabo las reducciones fiscales que considera fundamentales en la política económica del Gobierno de Moreno. Aseguran que estas disminuciones de impuestos han sido implementadas de manera responsable y han beneficiado a todos los estratos de ingreso, destacando especialmente a las familias de rentas bajas y medias.

En su análisis, el Consejo de Gobierno ha calificado de “negativas” aquellas enmiendas que sugieren un aumento en la presión fiscal, tales como las que elevatean el tipo del IRPF y eliminan deducciones para las familias, así como la recuperación de impuestos como el de sucesiones y donaciones. A su vez, se opusieron a enmiendas que proponían aumentos de gasto sustanciales sustentados en ingresos que estiman técnicamente inviables.

En total, el Gobierno andaluz ha mostrado su desacuerdo con 399 enmiendas de oposición, entre las que se encuentran 37 que alteraban los ingresos ya aprobados y que proponían un incremento de ingresos superior a otras cifras considerablemente altas. La gran mayoría de estas propuestas, hasta 343, contemplaban aumentos de crédito que atañen a los nuevos ingresos, además de otras que implicaban ajustes en secciones específicas del presupuesto.

Por su parte, las enmiendas del grupo Adelante Andalucía proponían un aumento significativo de ingresos mediante la anulación de bonificaciones en diversos impuestos, lo que originó el rechazo a 49 de sus enmiendas. Las de Vox, aunque no afectarían a la envolvente, fueron igualmente desestimadas. En contraste, el Grupo Parlamentario Popular ha visto aprobadas algunas de sus propuestas relativas al régimen del Impuesto sobre el Patrimonio, así como la creación de un Plan de Sedes y modificación de legislación sobre aguas, que contaron con el respaldo del Gobierno.