La Junta exige elecciones tras la condena a García Ortiz y critica el "desplome del Estado de Derecho" bajo el gobierno de Sánchez.
SEVILLA, 20 de noviembre. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeas y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado su preocupación este jueves por la situación política del país, enfatizando la necesidad de que se celebren elecciones lo antes posible. Esta declaración se produce tras la reciente decisión del Tribunal Supremo que ha inhabilitado por dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso que vincula a su pareja, Alberto González Amador, con delitos fiscales y que también involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado a los medios, España argumentó que una nueva convocatoria electoral sería crucial para lograr una “regeneración política e institucional”, en vista de que el actual Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha precipitado un deterioro sin precedentes en el Estado de Derecho en España.
La consejera no dudó en solicitar que el presidente del Gobierno exija la renuncia de García Ortiz, argumentando que “no se puede entender que siga en su puesto ni un minuto más”. Para España, es prioritario que Sánchez se disculpe por la situación actual y que también se le exija un paso al costado, planteando que su liderazgo se ha vuelto un obstáculo para el país.
Asimismo, hizo eco de la situación del PSOE de Andalucía, recordando que “quien no sabe cuándo irse, acaba siendo destituido”, y recalcó que la responsabilidad de los gobiernos es solucionar los problemas de la ciudadanía, no crear más. En este sentido, España no escatimó en críticas, afirmando que Sánchez se ha convertido en un problema en lugar de una solución.
En paralelo, el mismo día, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pronunció en una breve rueda de prensa. Confirmó que el Ejecutivo iniciará los trámites necesarios para designar al sucesor de García Ortiz, cumpliendo así con el mandato judicial. Aunque Bolaños subrayó la obligación del Gobierno de respetar el fallo del Tribunal, también hizo hincapié en su “deber moral” de expresar su desacuerdo con la decisión.
El ministro reiteró la confianza histórica del Ejecutivo en la inocencia de García Ortiz, elogiando su compromiso con el servicio público y subrayando la importancia de la defensa de la ley y la verdad en su labor.
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