SEVILLA, 8 de diciembre. En un importante avance para la infraestructura de Andalucía, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha realizado una significativa adjudicación de más de 73 millones de euros destinados a la conservación de aproximadamente 3.385 kilómetros de carreteras que son propiedad de la Junta de Andalucía. Este movimiento forma parte de un plan más amplio que ha permitido, desde principios de este año, la renovación del 63% de los contratos de mantenimiento de la extensa red viaria autonómica, que supera los 10.500 kilómetros.

La consejera responsable de esta cartera, Rocío Díaz, ha enfatizado que esta adjudicación es una muestra del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la planificación y la ejecución eficiente de los servicios que aseguran la transitabilidad de las carreteras andaluzas. Díaz ha subrayado su intención de evitar la problemática que se presentó en 2019, cuando gran parte de los contratos estaban caducados o inminentemente a punto de expirar como resultado de una gestión ineficaz por parte de los gobiernos anteriores. En su intervención, también ha definido el incremento presupuestario incorporado a los nuevos contratos como una inversión esencial en seguridad vial, vital para salvar vidas.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ejecutivo andaluz, los nuevos contratos abarcan cinco provincias: Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, y tendrán una duración prevista de tres años, con la opción de prorrogarse por dos años adicionales. Una de las novedades destacadas en esta adjudicación es la inclusión de una revisión ordinaria de precios, en línea con la reciente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Este ajuste, que ya estaba disponible para otros contratos de servicio, se complementa con una revisión excepcional de precios para conservación, en respuesta a la petición del sector para compensar el aumento de costos en materiales.

Adicionalmente, la consejera ha señalado que estos contratos incorporan mejoras laborales que permiten a las empresas cumplir con sus responsabilidades salariales hacia el personal que se encarga de la conservación. Este enfoque no solo busca garantizar un servicio constante y de calidad los 365 días del año, sino también asegurar condiciones dignas para los trabajadores involucrados.

La Consejería de Fomento también ha informado sobre la culminación de la segunda fase de este proceso de contratación, que busca evitar la crisis de la gestión anterior. En 2019, el Gobierno andaluz tuvo que recurrir a contratos de emergencia debido a la expiración inminente de la mayoría de los contratos de conservación de la red viaria.

En detalle, los lotes adjudicados en esta segunda fase asegurarán la vialidad de las carreteras en diversas áreas de Cádiz (425 kilómetros en la zona norte), Córdoba (297 kilómetros en el sureste), Huelva (217 kilómetros en el suroeste), Granada (639 kilómetros en el noroeste y el área metropolitana-Sierra Nevada), Jaén (814 kilómetros en el norte y oeste), y varias zonas de Sevilla, sumando un total de 991 kilómetros. Con esto, se espera que en el futuro se continúe con la licitación del resto de contratos en las ocho provincias hasta alcanzar un total de 36 lotes que cubran todos los kilómetros de carreteras de la Junta de Andalucía.

La red de carreteras andaluzas es la segunda más extensa en el ámbito nacional, y dado el alto porcentaje de vías de gran capacidad, la Consejería ha señalado la necesidad de destinar más recursos a su conservación. Estas labores son cruciales para garantizar que la movilidad en la región se realice en condiciones adecuadas de comodidad y seguridad. Entre las intervenciones que se llevarán a cabo se encuentran la reparación de pavimentos, el mantenimiento de sistemas de drenaje, el control de maleza y la poda en medianas de autovías, así como el cuidado de la señalización y otros sistemas de seguridad en las vías.

Finalmente, el propósito de estas operaciones de conservación es asegurar que todas las carreteras se mantengan en condiciones óptimas de transitabilidad. Las empresas contratadas se responsabilizarán de realizar una serie de actividades que incluyen desde reparaciones de elementos dañados hasta el mantenimiento de instalaciones esenciales para el adecuado funcionamiento de los servicios de conservación. Además, deberán estar preparadas para actuar de inmediato en caso de situaciones excepcionales que requieran intervención urgente de los equipos.