SEVILLA, 10 de septiembre.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, presentó un ambicioso plan para fomentar la construcción de viviendas asequibles en la región. Este proyecto se fundamenta en el nuevo Decreto-ley 1/2025, que otorga a los municipios de más de 100.000 habitantes la opción de modificar el uso del suelo con el fin de destinarlo a la edificación de viviendas protegidas.

Durante la sesión informativa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se aprobó el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, Díaz reveló que actualmente hay 49 municipios inscritos para este cambio de uso del suelo. Sin embargo, aseguró que este número podría ser aún mayor, ya que los trámites requeridos incluyen un acuerdo del pleno municipal, lo que sugiere que “hay suelo disponible para construir casi 40,000 viviendas”.

La consejera destacó la importancia de estos municipios, que en su conjunto albergan a más de 4 millones de personas. La oferta de suelo incluye hasta 630 bolsas, que representan más de 1,3 millones de metros cuadrados, equivalentes a 136 hectáreas, un recurso fundamental para solucionar la crisis habitacional que atraviesa la comunidad.

Díaz remarcó la urgencia de este proyecto, señalando que el Decreto-ley 1/2025 establece un año, hasta febrero de 2026, para que los municipios se acojan a esta medida. “Es una buena noticia, pero necesitamos avanzar más allá de esto”, declaró, subrayando la necesidad de establecer un portal informático que facilite la consulta sobre estas bolsas de suelo.

A su vez, la consejera mencionó que la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) está revisando cuatro iniciativas estratégicas en materia de vivienda, que también están contempladas en el Decreto-ley 1/2025. Este enfoque reafirma el compromiso del Gobierno andaluz hacia la creación de soluciones habitacionales efectivas.

Con la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda, Rocío Díaz destacó que el propósito central es maximizar los recursos disponibles para facilitar el acceso a suelo para viviendas. En este sentido, enfatizó que el tema de la vivienda no debería convertirse en un campo de batalla ideológica, sino que debe ser considerado un derecho fundamental de la ciudadanía.

La futura legislación también prevé la creación de una Comisión de Coordinación que se encargará de cuestiones relacionadas con desahucios y la ocupación ilegal de viviendas, buscando así reforzar la protección de los más vulnerables en este ámbito.

Entre los aspectos relevantes del anteproyecto, se incluyen áreas prioritarias que se identificarán en función de las dificultades de acceso a la vivienda, donde se concentrarán esfuerzos administrativos a través de ayudas al alquiler y otros incentivos para promover la construcción y rehabilitación de viviendas.

El Gobierno andaluz también ha manifestado su intención de fomentar la colaboración público-privada en todas sus formas, con el objetivo de aumentar el parque residencial a precios accesibles.

Además, la nueva Ley de Vivienda tiene la meta de optimizar la gestión del patrimonio residencial mediante la creación de un inventario único, que incluirá viviendas de la Junta, de los municipios y de promotores privados, lo que permitirá un control más efectivo de los recursos disponibles.

Se contempla también la formación de una Comisión Técnica para velar por la calidad de la vivienda en Andalucía, impulsando la industrialización en el sector de la construcción y priorizando la rehabilitación de viviendas, especialmente en barrios desfavorecidos y la eliminación de infraestructuras precarias.

El Proyecto de Ley se enfocará en garantizar el uso adecuado del parque residencial, abordando la ocupación ilegal y la sobreocupación, a la vez que contempla mecanismos de asesoramiento para situaciones de desahucio y ocupación que se adecuen a las competencias del nuevo marco normativo.

Asimismo, se integrarán varias disposiciones urgentes del decreto actualmente vigente, excepto aquellas que son temporales, como el aumento de densidad en ciertas parcelas, siempre que existan compromisos para que dichas construcciones sean de carácter protegido.

La Junta de Andalucía ha puesto de relieve que este nuevo marco legislativo contribuirá a simplificar los procesos administrativos y a eliminar la dispersión normativa, derogando cuatro leyes anteriores que habían regulado estos asuntos desde el 2005 hasta 2018, creando así un entorno más claro y eficiente para la gestión de la vivienda en la región.