24h Andalucía.

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La Junta y el Gobierno acuerdan modificaciones en el decreto de simplificación.

La Junta y el Gobierno acuerdan modificaciones en el decreto de simplificación.

El gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto-ley que modifica diversas disposiciones normativas, como la Ley de Función Pública y el último decreto de medidas de simplificación administrativa, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre la Administración andaluza y el Gobierno central. Esto se dio en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.

Según la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, todas las modificaciones buscan dar mayor claridad y seguridad jurídica a las normas, en respuesta a las peticiones recibidas. Este proceso se ha llevado a cabo bajo la premisa de escuchar, dialogar y mejorar la legislación andaluza de manera humilde.

En cuanto al decreto de simplificación administrativa aprobado en febrero, se han realizado modificaciones para mejorar su comprensión y garantizar su aplicabilidad. Se han detallado los tipos de procedimientos en los que se aplica la excepción del sentido desestimatorio, limitándolos a aquellos relacionados con el acceso a actividades específicas.

En lo referente a la dependencia, ahora el informe sobre las condiciones de salud del solicitante puede ser emitido por un profesional médico o de enfermería. Además, se ha aclarado que el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico no necesita presentarse ante el órgano ambiental, sino ante el órgano sustantivo correspondiente.

Se ha establecido que el uso de arma rayada en ciertas áreas protegidas solo será autorizada en determinados cotos específicos, con la obligación de hacer público este listado. También se ha actualizado la documentación requerida para acreditar la formación y conocimientos de las personas instaladoras de baja tensión.

En cuanto a la administración pública, se ha determinado el órgano administrativo encargado de decidir la cobertura de puestos de trabajo mediante personal interino y laboral temporal. Se ha previsto el uso de medios electrónicos para atender eficazmente las necesidades de personal en la administración.

Con respecto a los guardas jurados de caza, se ha modificado la normativa para permitir que aquellos habilitados antes de cierta fecha puedan seguir desempeñando sus funciones hasta la jubilación. También se han acordado cambios en la ley de la función pública para regular el nombramiento de personal interino y facilitar la promoción interna vertical del personal funcionario de carrera, entre otras medidas.

Se han introducido medidas para controlar la temporalidad en el empleo público y optimizar los recursos humanos en la administración andaluza. Igualmente, se han modificado disposiciones relativas a contratos públicos de obras y se han ampliado las medidas de asistencia a víctimas del terrorismo y de inclusión en la RTVA.