La Junta de Andalucía ha dado un paso significativo hacia la reconfiguración del panorama de la investigación en la región con la propuesta de la nueva Ley de la Ciencia, que busca equilibrar la balanza entre la inversión pública y privada. En lugar del actual 30% de inversión pública y 70% de privada, la ley aspira a que esta proporción se revierta, promoviendo así un mayor compromiso del estado en el ámbito investigativo. Para potenciar estas iniciativas, se creará el Consejo de Mecenazgo, encargado de estudiar incentivos fiscales que, aunque dependerán del visto bueno del Gobierno, buscan motivar el apoyo financiero privado en el campo de la ciencia.

Durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno, José Carlos Gómez Villamandos, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, presentó los objetivos de esta ambiciosa ley, que va más allá de simplemente incrementar la financiación. Su propósito es impulsar la investigación de excelencia, destacando la importancia de la I+D biomédica, facilitar la internacionalización de los proyectos científicos y democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología, apoyándose en principios de ciencia abierta.

El texto de la ley ha sido sometido a consulta pública y cuenta con informes previos de varias instituciones clave, como el Gabinete Jurídico de la Junta y el Consejo Consultivo. Ahora, se enviará al Parlamento andaluz para su debate y eventual aprobación. Este nuevo marco normativo, que sustituirá a la legislación de 2007, busca adaptarse a las realidades actuales y ampliar su alcance, incorporando las demandas de la comunidad científica y de los agentes económicos y sociales implicados.

Uno de los pilares centrales de la ley es la implementación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que busca reconocer a las entidades más relevantes de la comunidad científica mediante un sistema de certificación basado en métricas objetivas y armonizadas internacionalmente. Esta certificación contribuirá a posicionar a Andalucía como un referente en investigación de calidad.

La creación del Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2) también es un aspecto clave de esta ley. Este organismo se enfocará en atraer y retener el talento científico tanto nacional como internacional, fortaleciendo así el ecosistema de calidad investigativa en Andalucía. Se espera que el I2A2 proporcione el apoyo necesario a las unidades de excelencia para potenciar su impacto y visibilidad, además de fomentar la colaboración entre distintos sectores del conocimiento.

En términos de recursos humanos, la ley introduce una nueva categoría de 'personal tecnólogo', especializado en la aplicación de la tecnología para el desarrollo de productos. Este cambio busca no solo mejorar la selección y movilidad del personal investigador, sino también establecer una gobernanza más efectiva del sistema de conocimiento andaluz, creando nuevos órganos de coordinación que faciliten la relación entre los sectores público y privado.

Asimismo, se presenta la Comisión Interdepartamental de Investigación, que será presidida por el presidente de la Junta, y otros organismos consultivos y de evaluación que garantizarán la integridad científica y facilitarán la evaluación de las políticas de I+D. La ley también establece unidades de Innovación Abierta, que fomentarán la colaboración entre universidades y empresas para desarrollar investigaciones innovadoras en Andalucía.

No menos importante es el enfoque en la investigación biomédica, un área que ha crecido notablemente en Andalucía. Se ha establecido lo que se denomina el 'Sistema de Investigación e Innovación en Salud', que incluye varias instituciones y centros de investigación dedicados a enfermedades relevantes. Estas iniciativas no solo promueven la excelencia científica, sino que también buscan mejorar la salud pública a través de innovaciones efectivas.

La internacionalización es otro de los objetivos clave del Gobierno andaluz, que quiere que la ciencia de la región trascienda fronteras. Esto incluye la necesidad de que la producción investigativa andaluza se integre en los debates y decisiones a nivel europeo y global, para lo cual se establecerán coordinaciones adicionales con programas nacionales e internacionales.

Por último, la Ley de la Ciencia también contempla el establecimiento de una comunidad de investigadores andaluces en el extranjero y la promoción de la divulgación científica mediante la regulación de la ciencia abierta. Esto permitirá un acceso más amplio y equitativo a las publicaciones y datos investigativos, fortaleciendo así la colaboración entre la ciencia y la sociedad en su conjunto.