MÁLAGA, 7 de noviembre.

El próximo viernes, 8 de noviembre, se dará a conocer la tan esperada sentencia del caso 'Astapa', el escándalo que ha puesto en tela de juicio la integridad de la política y la planificación urbanística en Estepona, Málaga. Este fallo se producirá a partir de las 11:00 horas, con la presencia de todos los acusados y sus abogados, quienes buscarán respuestas sobre las graves acusaciones que han estado sobre la mesa durante años.

Este proceso judicial se remonta al 2007, aunque el juicio en sí se inició tras un prolongado retraso de 17 años, un tiempo que refleja las complicaciones inherentes a casos de tal magnitud. En un principio, casi 50 personas se enfrentaron a cargos, entre las que se encuentran figuras relevantes como el exalcalde socialista Antonio Barrientos, junto a otros exresponsables municipales de PSOE y del Partido de Estepona (PES), así como empresarios y funcionarios que también han sido señalados.

A medida que avanzó el juicio, el número de acusados se redujo a 37, ya que algunos casos fueron sobreseídos y la Fiscalía decidió retirar cargos contra nueve individuos. La vista oral tuvo su arranque el 9 de enero de 2023, comenzando con la presentación de cuestiones preliminares, aunque posteriormente se anularon las escuchas telefónicas que habían sido parte del caso. Esta compleja trama ha requerido la celebración de sesiones durante un año y medio, organizadas en bloques para facilitar el procedimiento.

En sus conclusiones finales, el fiscal ha modificado notablemente las penas inicialmente solicitadas, reduciendo las solicitudes al considerar que las dilaciones han sido extraordinarias. La acusación cuenta con ciertas conformidades de un par de procesados, lo que ha influido en esta rebaja. En el caso del exalcalde Barrientos, la petición de diez años y nueve meses de prisión ha sido disminuida a tan solo dos años, y la multa que anteriormente era de un millón de euros ha sido ajustada a 40.000 euros.

Por otro lado, la acusación ha retirado su demanda de indemnización después de que el Ayuntamiento de Estepona se apartara del caso, implementando la posibilidad de futuras acciones civiles en función de los resultados. El argumento para esta decisión fue que, según la Fiscalía, ya no existen más perjudicados en este asunto.

Desde el inicio de la causa, la Fiscalía Anticorrupción ha sostenido que durante el periodo de 2003 a 2008, los políticos implicados supuestamente desviaron fondos de empresarios y promotores, orientando estos recursos tanto a financiar actividades de los partidos políticos como para beneficios personales. En su relato, se ha aludido a la posible existencia de una 'Caja B' destinada a eludir controles, con la que se habrían realizado aportaciones a eventos para financiarse de manera irregular.

A lo largo del juicio, el fiscal ha intentado mantener su narrativa original, aunque ha tenido que matizar ciertos puntos relativos a convenios que, observa, no se ha probado que fueran manejados de manera deshonesta en favor de las promotoras. Asimismo, ha resaltado que no se estableció la ilegitimidad de algunos regalos o promesas económicas, debido a la anulación de las escuchas, las cuales imposibilitaron la acreditación de pagos que en un inicio se catalogaron como irregulares.

La Fiscalía también manifestó que la tramitación de expedientes de disciplina urbanística durante ese periodo fue deficientemente gestionada, lo que podría haber permitido al Ayuntamiento recaudar hasta 43 millones de euros en sanciones si se hubiesen seguido los procedimientos adecuados. Sin embargo, estos expedientes han caducado y no se han llevado a cabo actos de reactivación.

Desde la defensa, se ha cuestionado la legalidad de la investigación, despreciando su validez por los supuestos contactos previos entre los denunciantes y agentes de la ley, como el comisario José Manuel Villarejo, quien ahora se encuentra en situación de jubilación y cuyo papel es visto como fundamental en el arranque del caso.

A pesar de todas las adversidades, el exalcalde Barrientos ha mantenido firmemente su inocencia, reafirmando su compromiso con la defensa de lo público a lo largo de este largo proceso. Además, ha manifestado su profunda confianza en la justicia, esperando que la Sala actúe con imparcialidad y que se logre una resolución que resuelva adecuadamente la controversia que ha sacudido a la comunidad de Estepona.