La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una serie de registros en diversas localidades españolas, incluyendo Madrid, Zaragoza, Sevilla y su puerto, en el contexto de una investigación que involucra al empresario Víctor de Aldama, quien es señalado por un presunto fraude en el sector de hidrocarburos. Este lunes, los agentes se han personado en una empresa ubicada en Calatayud, Zaragoza, que está vinculada a un socio de De Aldama, quien también es relacionado con el denominado 'caso Koldo'.

Conforme se ha dado a conocer a través de fuentes cercanas a la investigación, los registros están centrados en la empresa situada en la calle San Miguel de Calatayud, que se asocia directamente con Luis Alberto Escolano, considerado un intermediario en este entramado investigado por las autoridades. Las acciones de la UCO resaltan la extensión de las pesquisas, sugiriendo que el caso podría involucrar un entramado más amplio de irregularidades en el sector.

Además, se ha confirmado que los registros no se limitan a la empresa en Calatayud, ya que hay operativos en marcha también en otras ciudades españolas como Madrid, Sevilla y Toledo. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado si estos últimos operativos están vinculados a alguna empresa relacionada con Escolano. Todo esto se encuadra dentro de la investigación activa liderada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien está profundizando en las denuncias sobre un posible fraude en las contrataciones de hidrocarburos.

Es relevante mencionar que la acción de la UCO se produce mientras Víctor de Aldama se encuentra en una encrucijada legal, prestando declaración como investigado en el Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo'. En esta investigación, el juez Leopoldo Puente está examinando las presuntas irregularidades en las adjudicaciones que se realizaron durante la pandemia, particularmente en relación con la adquisición de material sanitario.

A finales de octubre, el juez Pedraz dictó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas, en el marco de un fraude a la Hacienda Pública que asciende a 182 millones de euros en total. Aunque De Aldama logró salir en libertad después de su declaración, su socio Rivas permanece aún privado de libertad mientras la investigación avanza.

Por último, las pesquisas continúan de forma secreta, y el juez está indagando sobre el papel de ambos empresarios, así como el de María Luisa Rivas en calidad de subdirectora, en un caso que incluye a varios colaboradores y testaferros que ocupan posiciones clave en las juntas administrativas de las sociedades implicadas en el suministro de hidrocarburos.